Medellín, Colombia. Un aberrante caso de presunta violencia sexual, que se conoció públicamente hace casi un año, ha escalado a la esfera judicial. La Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento contra un guarda del Inpec, señalado de abusar sexualmente y dejar en embarazo a una reclusa en la cárcel El Pedregal de Medellín. Las autoridades revelaron, además, que a la víctima le habrían suministrado una sustancia para que abortara.
La denuncia y las impactantes revelaciones
La denuncia fue interpuesta por la propia víctima, identificada como Andrea Valdés, una reclusa de 30 años condenada por homicidio agravado. Según su relato, en la madrugada del 29 de agosto de 2024, un integrante del Inpec ingresó a la celda No. 15 de la Unidad de Tratamiento Especial (UTE) donde ella permanecía privada de la libertad. El funcionario la habría intimidado y maltratado física y verbalmente para luego someterla sexualmente.
La situación se habría repetido en la madrugada del 5 de septiembre, cuando otro guarda habría vuelto a agredirla. La mujer indicó que, posteriormente, soportó intimidaciones para silenciarla y evitar que reportara lo sucedido. Durante las diligencias judiciales, la fiscal del caso reveló un nuevo y grave detalle: a la víctima «le habrían suministrado una sustancia para que abortara». A pesar de ello, una prueba de embarazo dio positiva y ella aseguró que dicha ingesta le produjo una «amenaza de aborto».
El proceso judicial y las capturas
La Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, asumió el caso y desplegó actividades de policía judicial que permitieron identificar a los dos posibles agresores. Se trata de los dragoneantes
Christian Camilo Alvarado Torres y Diego Stiven Castaño Sánchez.
Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional capturaron a ambos funcionarios en diligencias llevadas a cabo en La Dorada (Caldas) y Puerto Triunfo (Antioquia).
La Fiscalía les imputó los delitos de acceso carnal violento agravado y prevaricato por omisión, cargos que no fueron aceptados por los acusados. A pesar de ello, el juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para Castaño Sánchez, ya que las pruebas de ADN lo vinculan directamente con el embarazo de la víctima. Por su parte, Alvarado Torres, aunque quedó en libertad, continuará vinculado a la investigación.
