La Gobernación de Casanare, Coljuegos y el Concesionario Red de Servicios de la Orinoquía y el Caribe S.A. firmaron el Pacto por la Legalidad en materia de juegos de suerte y azar, con el fin de combatir la operación ilegal de actividades como rifas, bingos, máquinas tragamonedas y chance blanco en el departamento.
El acto protocolario contó con la participación de representantes de la Fiscalía General de la Nación – Seccional Casanare, la DIAN, la Policía Nacional y otras entidades comprometidas con la estrategia nacional de control y regulación de este sector.
Durante el evento, el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié Ramírez, recordó que toda actividad relacionada con juegos de suerte y azar debe contar con autorización expresa de la autoridad competente. De lo contrario, se incurre en el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, tipificado en el Código Penal colombiano.
“Las rifas, por ejemplo, se realizan muchas veces de manera cultural sin cumplir con las obligaciones fiscales. De acuerdo con la ley, deben pagar un 14 % sobre la boletería vendida. Además, a nivel territorial, solo el alcalde tiene la competencia legal para autorizar una rifa. Sin embargo, encontramos municipios donde estas autorizaciones las emiten incluso algunos secretarios de Gobierno, lo cual es un desconocimiento de la norma”, señaló Hincapié.
La secretaria de Hacienda de Casanare, Gloria Lucía Rivera, indicó que la firma del pacto permite garantizar mayor transparencia para quienes adquieren productos de juego legales, como rifas y loterías, asegurando la posibilidad de reclamar premios y contribuir al financiamiento del sistema de salud.
“Con este documento, protegemos los recursos del régimen subsidiado de salud. A medida que combatimos la ilegalidad, aseguramos que esos dineros ingresen legalmente al departamento y beneficien las rentas públicas”, expresó Rivera.
El Pacto por la Legalidad en los juegos de suerte y azar hace parte de una estrategia nacional liderada por Coljuegos para frenar la evasión, fortalecer el control y asegurar que los recursos generados por esta actividad lleguen efectivamente a los sectores que la ley define, especialmente la salud pública.
