⚖️ Una sentencia que reconoce el dolor
La decisión judicial reivindica el derecho a la reparación de las víctimas del conflicto armado. Según Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en el Meta, “esta sentencia dignifica a las víctimas de Puerto Alvira y de Mapiripán, territorios profundamente golpeados por el conflicto”.
🏚️ Una historia marcada por la guerra
La familia beneficiada —una pareja de esposos y su hija— adquirió en 1996 un terreno de 126 m² en Puerto Alvira. Allí vivieron hasta marzo de 1998, cuando se vieron obligados a huir por la incursión armada de las Farc.
El detonante: el padre halló un fusil abandonado y lo entregó a la Fuerza Pública. Por ello, fue señalado como colaborador del Ejército y declarado objetivo militar. Poco después, su hermano —líder social y dueño de una droguería— fue asesinado tras negarse a seguir suministrando medicamentos a la guerrilla, que le adeudaba más de 30 millones de pesos.
🏃♂️ Huida, amenazas y desarraigo
El solicitante recibió amenazas de alias “Jhon Einer” y la familia huyó a Villavicencio, donde también fueron perseguidos. Finalmente se refugiaron en San Martín. A raíz del desarraigo, la familia se desintegró; la pareja terminó separándose.
💸 Compensación por el daño sufrido
El juez concluyó que la familia no puede retornar a su predio y ordenó una compensación económica. El IGAC realizará el avalúo catastral del inmueble, que será administrado por el Grupo Fondo de la URT. Esta entidad entregará los recursos a los beneficiarios.
Se instó además a las instituciones del Estado a ofrecer atención integral para garantizar una reparación real y duradera.
