La presunta negligencia del coronel Ilvar Orlando González Villamil, comandante de la brigada 30 del Ejército, habría facilitado que las disidencias de las Farc detonaran un carro cargado de explosivos en el interior de esta base militar de Cúcuta.
Por este bombazo, la Procuraduría lo volvió a citar a una audiencia que daría paso a la recta final de una investigación por presunta omisión de seguridad.
En este caso, el ente disciplinario le atribuye a González Villamil que no gestionó a tiempo los “binomios caninos para el control de ingreso de vehículos para detectar en ellos presencia de explosivos”.
Pero esta no sería la única presunta falta cometida por miembros de la institución castrense y los dejaría con parte de responsabilidad en el atentado.
Otro de los supuestos implicados en la falta de seguridad sería el Teniente Coronel Carlos Andrés Sarmiento Gutiérrez, quien para ese momento era el comandante del Batallón de Apoyo y Servicios de Cúcuta No. 30. Además, era el encargado de la seguridad del Cantón Militar.
Sobre este uniformado, la Procuraduría dijo que presuntamente no adelantó las gestiones necesarias en materia de seguridad, incluso cuando ya la Oficina de Inspección lo había ordenado.
“No habría adoptado las medidas correctivas al respecto, exponiendo de tal forma al establecimiento militar a riesgos o ataques del enemigo, lo que finalmente terminó con el ingreso del vehículo cargado con explosivos”, dictó la Procuraduría.
Esto dejó en evidencia la ausencia de las medidas que debían ser implementadas en la entrada principal. Por lo tanto, Sarmiento Gutiérrez cargaría con una falta a título de dolo.
A ellos se le suma el Sargento Mayor César Alexander Carrero Salcedo, oficial de operaciones del Batallón, a quien se le atribuye no haber elaborado las órdenes pertinentes porque su cargo precisamente velaba por la mitigación de los riesgos de la guardia.
También se logró demostrar que a Carrero Salcedo se le había dado un inventario con todas las falencias gracias a un estudio de seguridad entregado al Comando del Batallón.
“De haber adoptado las medidas pertinentes, de haber impartido las directrices y haberle efectuado un correcto seguimiento al servicio de guardia (…) no se hubiera llegado a la ocurrencia de tales hechos, máxime si se tiene en cuenta que los hallazgos detectados de manera previa fueron los que precisamente dieron lugar al ingreso del carro bomba”, indicó la entidad.
A esta cadena de presuntos errores también se sumaron el jefe del Estado Mayor y Segundo Comandante, coronel Pedro María Vega Losada; el comandante de guardia, sargento viceprimero Mario Andrés López Roque; y el cabo segundo Oscar Leonel Pava Caviedes. Todos por haber omitido los controles y evaluaciones del riesgo.
Por eso, la Procuraduría ya estableció una nueva fecha para que se encuentren cara a cara con la justicia el 24 de noviembre. En la audiencia tendrán que responder por la falta de control riguroso en las instalaciones de la Brigada, lo que habría dejado la puerta libre para un carro cargado de explosivos que dejó 36 heridos.
Fuente: El Colombiano
