El presidente Rodrigo Duterte amenazó con encarcelar a las personas que se niegan a vacunarse contra el coronavirus mientras Filipinas lucha contra uno de los peores brotes de Asia, con más de 1,3 millones de casos y más de 23.000 muertes.
«Tú eliges, o la vacuna o te encarcelaré», dijo Duterte en un discurso televisado este lunes tras los informes de baja participación en varios sitios de vacunación en la capital, Manila.
Los comentarios de Duterte contradicen los de sus funcionarios de salud, que han dicho que si bien se insta a las personas a recibir la vacuna COVID-19, ésta es voluntaria.
«No me malinterpreten, hay una crisis en este país», dijo Duterte. «Estoy exasperado porque los filipinos no prestan atención al gobierno».
El 20 de junio, las autoridades filipinas habían vacunado por completo a 2,1 millones de personas, lo que avanzó lentamente hacia el objetivo del gobierno de inmunizar hasta 70 millones de personas este año en un país de 110 millones.
Duterte, quien ha sido criticado por su enfoque duro para contener el virus, también mantuvo su decisión de no permitir que las escuelas volvieran a abrir.
En la misma dirección, atacó a la Corte Penal Internacional, después de que un fiscal de la CPI solicitara permiso al tribunal para realizar una investigación completa sobre los asesinatos de la guerra contra las drogas en Filipinas.
Duterte, quien en marzo de 2018 canceló la membresía de Filipinas en el tratado fundacional de la CPI, repitió que no cooperará con la investigación y describió a la CPI como «una mierda».
«¿Por qué iba a defender o enfrentar una acusación ante los blancos? Debes estar loco», dijo Duterte, quien luego de ganar la presidencia en 2016 desató una campaña contra la droga que ha matado a miles de personas.
Los grupos de derechos humanos dicen que las autoridades han ejecutado sumariamente a sospechosos de drogas, pero Duterte sostuvo que los asesinados se resistieron violentamente al arresto.
Por su parte, el portavoz de la CPI, Fadi El Abdallah, dijo que «la Corte es una institución judicial independiente y no comenta sobre declaraciones políticas».
Fuente, El Mundo
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