El 22 de marzo día mundial del agua
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizada en Río de Janeiro en 1992, se aprobó la propuesta de celebrar el Día Mundial del Agua cada 22 de marzo. El objetivo es recordar la importancia del agua para la vida pues 2.200 millones de personas no tiene acceso al vital líquido. Pero con la propagación del COVID-19 el problema se agudizó porque una de las recomendaciones es lavarse las manos durante 40 segundos para prevenir el contagio; sin embargo según UNICEF cerca de 3.000 millones de personas no tienen cómo lavarse las manos porque no cuentan con instalaciones, ni jabón en sus viviendas.
Nuestra catástrofe ambiental
En marzo de 2014 la televisión nos sorprendió con dantescas imágenes de chigüiros, vacas, tortugas, babillas y otras especies, muertas o agonizantes por falta de agua, en la sabana de Paz de Ariporo, en Casanare. Los campesinos pusieron el grito en el cielo cuando vieron que centenares de animales estaban muriendo por la sed que producía la espantosa sequía; algunos explicaron que los hacendados hicieron pozos en sus tierras y que los animales silvestres no podían tomar agua. Sin embargo el problema tiene más fondo.
Hace 45 años la región estaba dedicada a la agricultura, especialmente al cultivo de arroz luego, por el conflicto armado, se pasó a la tala de grandes extensiones de bosques y al cultivo de pastos para ganadería. Pero la vocación cambió hacia 1991 debido a que se descubrieron los campos petroleros de Cusiana y Cupiagua; como consecuencia se alteró el ecosistema y se erosionaron los suelos, porque las petroleras necesitan enormes cantidades de agua.
Desde hace tiempo muchos habitantes y centros de investigación venían advirtiendo sobre la peligrosa transformación de la Orinoquia hacia la agroindustria, la minería y el petróleo, pero para los empresarios y algunos funcionarios públicos lo que cuenta es la ganancia, sin importar los costos ambientales, porque esto se ve como progreso. Entonces ¿Qué es lo nuevo? ¿Por qué esta crisis ambiental si, de acuerdo con el director del IDEAM de ese momento, la actual situación seca de Casanare era la misma de los últimos 20 años?
Según el investigador Manuel Rodríguez Becerra en esa ocasión los impactos se magnificaron como consecuencia del deterioro de los ecosistemas que soportan el ciclo del agua “que se evidencia en la destrucción de los páramos y los bosques andinos en donde nacen los ríos del Casanare (y, en general, muchos de la Orinoquia) y en el irresponsable, e ilegal, drenaje de humedales y destrucción de matas de monte y morichales, en la planicie llanera, para habilitar tierras para la agricultura”.
Las locomotoras mineras y los conflictos ecológicos
Los últimos gobiernos impusieron un modelo económico basado en actividades extractivas minero-energéticas; el sistema consiste en la explotación intensiva de los recursos naturales por parte de los monopolios extranjeros que vienen haciendo enormes inversiones. El presidente Santos en el Primer Congreso Anual de Minería a Gran Escala, en febrero de 2012, en Cartagena, anotó que este sector es un vehículo “que recoge la riqueza del subsuelo y la transforma en inversión equitativa para el desarrollo del país”. Dijo que en 2011 se había alcanzado una cifra record en producción, de casi 86 millones de toneladas de carbón; que la de oro llegó a 56 toneladas, y agregó que “también estamos explotando platino, cobre, fosfato, potasio, magnesio, hierro y uranio, entre otros minerales estratégicos”.
Y para mayor claridad añadió que el Ministerio de Minas había expedido una resolución en la que se delimitan las Áreas Estratégicas Mineras: “Estamos hablando de 313 zonas que suman 2.9 millones de hectáreas en 15 departamentos”, para ser entregadas mediante procesos de selección objetiva y que se desarrollen proyectos “con los mejores estándares de responsabilidad social y ambiental”. Y anotó que “aquí hay todavía espacio, de sobra, para recibir a las grandes casas mineras que estén dispuestas a trabajar en armonía con el desarrollo de Colombia”. Además el Presidente garantizó la seguridad y señaló que cerca del 30% de los efectivos de la Fuerza Pública, 80 mil uniformados, están dedicados exclusivamente a proteger la infraestructura minero-energética del país.
En 2014 se vieron las consecuencias cuando se dispararon los conflictos ambientales. Pero el problema hay que analizarlo desde más atrás. En el marco de la guerra contra las drogas Andrés Pastrana dio vía libre al Plan Colombia, programa que dejó miles de hectáreas envenenadas. Según el Atlas Global de Justicia Ambiental, financiado por la Unión Europea, el estudio para Colombia señala que hay estrecha relación “entre la cantidad e intensidad de los conflictos ambientales y el modelo de desarrollo extractivo de los últimos gobiernos”. El informe señala que en la administración de Álvaro Uribe se crearon el 63% de los conflictos ambientales; en este período los títulos mineros aumentaron de dos mil a ocho mil, sin embargo en la administración de Santos los conflictos siguieron su curso.
Lo más grave es que de los 72 casos de conflictos ecológicos que registra el Atlas Global de Justicia Ambiental, el 58% ocurren en pueblos indígenas y en comunidades afrocolombianas que muchas veces quedan flotando en medio de conflictos entre Fuerzas Armadas, guerrillas, paramilitarismo, bandas criminales y narcotráfico; como consecuencia varios grupos étnicos han sido expulsados de su territorio.
Entre la explotación del oro y el carbón han generado el 47% de los conflictos; sigue el petróleo, los proyectos de infraestructura, las hidroeléctricas y los agrocombustibles. Como a los grandes empresarios y al capital extranjero solo les interesa la ganancia, se disparó el precio de la tierra en el Llano. Sobre el tema había afirmado Alfredo Molano que “una hectárea que hace cinco años costaba 500 mil pesos, cuesta hoy cinco millones. Pero se puede vender en 10 millones si le pone agua. Es lo que están haciendo los especuladores de rentas: encauzar aguas, drenar esteros, arrasar morichales para vender más caro”.
Seguramente sería mejor para el país dejar los recursos enterrados que explotarlos; lo que pasó en Casanare, en 2014, es una advertencia de la naturaleza para impedir que la vida sea exterminada por los poderosos, sedientos de riqueza. Es necesario impulsar un proceso para restaurar los ecosistemas, pues como dicen los indígenas solo nos quedan dos caminos: la Pachamama o la muerte.
