El costo más alto que puede pagar la democracia es la elección de candidatos cuestionados, vinculados con grupos ilegales o que asuman compromisos contractuales que tienen que pagar luego de ganar en las urnas. El resultado de estas escogencias se traduce en corrupción y hasta cárcel para mandatarios que dedican sus gobiernos a proteger y colaborar con grupos criminales de todo tipo. Al momento de buscar responsables, claramente son los partidos políticos los que no hicieron la tarea de presentar candidatos dignos de llegar a cargos de poder, como alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas.
Para las elecciones de este fin de semana la situación no es diferente, incluso es peor. En el pasado muchos de los candidatos corruptos o cuestionados se inscribían por firmas o por pequeños partidos, pero en esta ocasión un gran número pertenece a los partidos con mayor representación. De acuerdo con un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, en el que presentan un panorama de los aspirantes que suponen riesgo para la democracia, las colectividades con más cuestionados son el Partido Conservador, con 26 candidatos; el Liberal, con 24; Opción Ciudadana, con 22; el Partido de la U, con 21, y Cambio Radical, con 15.
Otra muestra de la irresponsabilidad con la que se vienen entregando los avales en los partidos son las anulaciones de inscripción que decretó el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuya cifra llegó a 1.020, siendo los principales protagonistas la U, con 121, seguido por la Alianza Verde y Opción Ciudadana, con 111 cada uno. Este hecho demuestra que recibieron el apoyo de las colectividades, aunque era claro que estaban inhabilitados para aspirar a cargos de elección popular.
Y no es la primera vez. De acuerdo con un informe presentado por la Misión de Observación Electoral (MOE), de los candidatos elegidos hace cuatro años, 892 han sido sancionados, 855 disciplinariamente y 37 de carácter penal. Adicionalmente hay 17 candidatos electos que ya tenían impedimentos legales. El 98% de estas sanciones son contra personas que fueron elegidas con aval de los 12 partidos con mayor representación en el país. Las cifras señalan que el Partido Liberal tiene 186 sancionados; la U, 179; los conservadores, 173, y Cambio Radical, 121.
Esta falta de responsabilidad de los partidos no sólo ha provocado grandes escándalos de corrupción y vínculos de mandatarios con grupos criminales. También le ha generado al país costos millonarios por la necesidad de realizar elecciones atípicas para elegir el reemplazo del funcionario que resultó sancionado. En el período 2012-2015 han sido destituidos cinco gobernadores, dando lugar a cuatro elecciones atípicas. Lo anterior teniendo en cuenta que, en el caso del Caquetá, la destitución se dio dentro los 18 meses anteriores a la elección, razón por la que no se realizaron comicios para determinar el reemplazo. Por otra parte, en ese mismo período se han destituido 11 alcaldes, lo que ha llevado también a elecciones atípicas.
Pero si las cifras hasta ahora presentan un diagnóstico preocupante, la situación resulta más compleja si se tienen en cuenta las declaraciones que dio el vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, quien informó que de los 114.000 candidatos inscritos para cargos de elección popular, 103.000 tienen investigaciones, desde demandas por alimentos y por vínculos con organizaciones armadas ilegales hasta delitos sexuales.
Perdomo puso el dedo en la llaga al señalar que “el llamado es para los partidos políticos para que no dejen la responsabilidad a la justicia y la Fiscalía, sino para que avalen sólo a aquellas personas sobre las cuales se tenga certeza de su idoneidad para llevar un cargo de elección popular. Terminan dando avales a todo el mundo, el sistema no está sirviendo”.
A estas alturas ya no hay nada que hacer. No se pueden revocar inscripciones. Lo cierto es que las malas elecciones dan como resultado malas administraciones, clientelismo, corrupción, pésima ejecución de obras y hasta relaciones con grupos criminales. Pero una gran preocupación es que se supone que los alcaldes y gobernadores elegidos serán los encargados, si se logra un acuerdo de paz con las Farc, del posconflicto, que implica un inversión millonaria del Estado en las diferentes regiones para garantizar mejor infraestructura, acceso a salud, educación y bienes primarios. O sea, si se cometen errores, las promesas de paz pueden fracasar.
El compromiso de los partidos
Horacio Serpa, Codirector del Partido Liberal
“Los candidatos que recibieron el aval del partido son personas probas que no tienen ningún impedimento legal. Hay una confusión con personas que tienen denuncias sobre hechos de los cuales la justicia nunca se ha pronunciado. Por ejemplo, las críticas contra nuestros candidatos a la Gobernación de Santander, Didier Tavera, y de Antioquia, Luis Pérez, son injustas. Ellos han sido funcionarios públicos, han hecho las cosas bien y por eso van a ganar las elecciones. Yo soy funcionario público y le ponen a uno un poco de denuncias que quedan en los anaqueles. Eso tiene más de cacería de brujas. Yo respondo por todos. Nosotros les dimos el aval después de un juicioso análisis”.
Roy Barreras, Copresidente Partido de la U
“Tenemos tres o cuatro casos por los que nos preguntan, y quiero ser enfático en que los peores íconos de la mala práctica política fueron rechazados y lograron avalarse por otros medios. Nuestro criterio fue el compromiso con la paz y lo ético, y no se trata de quienes tienen inhabilidades judiciales. No se avaló a quienes tienen investigaciones formales o hayan estado presos por su vinculación con grupos armados ilegales, narcotráfico o parapolítica. Les negamos el aval aunque sean inocentes. El criterio ético se resume en que no avalamos a quienes simbolizan lo malo, como Luis Pérez en Antioquia o Didier Tavera en Santander. Seguramente, son inocentes, pero simbolizan otra cosa”.
David Barguil, Presidente Directorio Nacional Conservador
“Nuestro compromiso por depurar la política es total. Para estas elecciones hicimos un esfuerzo por presentar las mejores listas de candidatos. Se presentaron casi 15.000 personas y les dimos aval a más 13.000. Luego de haber entregado el aval, se los retiramos a más de 100 candidatos por problemas de inasistencia alimentaria y otros por presuntos hechos de corrupción. Hemos hecho un trabajo a conciencia, desde los directorios locales, regionales y nacional, y creemos que tenemos buenos candidatos. Es probable que nos metan algún gol, eso ha pasado en todos los partidos, pero no se puede dudar del compromiso del Partido Conservador”.
Rodrigo Lara, Director de Cambio Radical
“No creo en el informe de la fundación de León Valencia porque es una fundación contratista, que ha vivido de la alcaldía de Gustavo Petro y de las de Alonso Salazar y Sergio Fajardo en el pasado. Es una fundación que tiene partido político, y no pueden pretender convertirse en jueces cuando son tan cercanos a un sector político. Los veo preocupados porque los políticos que los financian con contratos van a ser derrotados este domingo. El día que ellos hablen de los concejales del Partido Verde cuestionados y cercanos al cartel de la contratación o del congresista de izquierda cercano al Eln en Norte de Santander, ese día creeré en algo a sus informes”.
