Investigación de El Tiempo. Alvaro González fue capturado en España.
Eso fue lo que recibieron, en el 2008, nueve bibliotecas de Casanare dentro de la dotación educativa que la Universidad de Pamplona (Norte de Santander) se comprometió a entregarles como parte de un convenio interadministrativo que firmó con ese departamento y cuyo monto ascendió a más de 3.300 millones de pesos.
Dos años fugitivo
González, de 61 años, tuvo que ser procesado como persona ausente porque nunca apareció a las audiencias de imputación de cargos por los delitos de peculado y firma de contratos sin el lleno de los requisitos legales.
Hace unos días, fue capturado paseando por una de las calles de Barcelona (España), desde donde será extraditado a Colombia para que responda por ese contrato y por otro más. Ambos suman 36.000 millones de pesos. (Lea: Las cartas que comprometen al exfiscal Mendoza Diago con Fidupetrol)
El segundo convenio con el gobernador Porras fue de asistencia técnica para la construcción de cien aulas de informática multipropósito y 250 aulas virtuales, que tampoco se cumplió y que no respetó los parámetros legales.
“En ambos casos el exrector y el exgobernador violaron los principios de la ley de contratación y se saltaron los estudios técnicos y de conveniencia”, explicó un investigador de la Dijín, que le seguía los pasos al exrector.
En septiembre del 2012, la defensa del exrector radicó un oficio en el que, además de alegar su plena inocencia, manifestó que no asistía a las citaciones porque le estaban llegando a direcciones equivocadas y que él se había tenido que ir a vivir primero a Cartagena y luego a Miami, por razones de salud.
Además, solicitó la suspensión de la orden de captura por no habérseles comunicado la citación para indagatoria, argumentando que su cliente debía vivir a nivel del mar por orden médica. Ese día, aportó como nueva dirección el n.° 11637 NW 87th Lane Doral, Florida 33178, en Estados Unidos.
Un mes después, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía decidió dictarle medida de aseguramiento.
La cacería
Además, la Policía de Colombia le pidió a la Interpol que expidiera una circular roja para su captura internacional.
“Lo último que supimos es que, en diciembre de 2010, tomó un vuelo desde Barranquilla con destino a Miami. Pero, a principios de enero del 2015, la Interpol lo ubicó en las calles de Madrid”, explicó el investigador.
No obstante, la Interpol lo encontró en Barcelona a pesar de que, según informaron diarios locales, el exrector cambiaba frecuentemente de domicilio y entregaba datos falsos sobre su identidad.
“Según los agentes del Grupo 2 de Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona que practicaron la detención, el arresto se llevó a cabo en la vía pública, tras una investigación dificultada por las trampas del rector”, informó el diario El País de España.
Ahora, las autoridades colombianas esperan su extradición para que responda por los dos millonarios convenios que ya le costaron la destitución e inhabilidad por 11 años al exgobernador Porras Pérez.
Este último también fue condenado a 18 años de cárcel por el caso Fidupetrol.
El caso del exgobernador Porras Pérez
El 13 de marzo del 2013, la Corte Suprema condenó a 18 años y seis meses de prisión al exgobernador del Casanare, Whitman Porras y a Fidupetrol por el manejo irregular de $ 22.500 millones de pesos de regalías del departamento. Para el alto tribunal, las pruebas tanto documentales como testimoniales fueron contundentes a la hora de demostrar que para los años 2006 y 2007, Porras invirtió 63.000 millones de pesos en concepto de excedentes de liquidez de regalías petroleras, en seis patrimonios autónomos de Fidupetrol y Fiduagraria, modalidad de inversión que no está autorizada por la ley. De ese dinero tan solo se han recuperado 18 mil millones de pesos.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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Foto: La Opinión de Cúcuta
