En cuanto a los más de 31 mil reinsertados rasos, siete mil terminaron su proceso de reintegración, otros 15 mil están pendientes y el número restante no regresó
En 2005 se desmovilizaron cerca de 36 mil integrantes de las autodefensas, de los cuales cerca de 31 un mil hizo parte del programa de reinserción. Bajo la Ley de Justicia y Paz se postularon 4.408 paramilitares por delitos de lesa humanidad y la fiscalía hasta la fecha les ha imputado cargos a 1.870, mientras que 2.538 fueron excluidos.
Carlos Fidel Villamil, director de justicia transicional de la fiscalía general, señaló que de este gran número de desmovilizados un alto porcentaje pasó al Programa de Reintegración de la Presidencia de la República, porque cometieron delitos menores, mientras que 4.408 se postularon a la Ley de Justicia y paz, que contempla una pena de ocho años de prisión.
“Queda un remanente que no hicieron parte de Justicia y Paz, son 31 mil rasos y de ellos se les ha resuelto situación jurídica a cerca de 18 mil, que han cumplido con los requisitos como son los de no volver a delinquir, participar en la construcción de la memoria histórica y acogerse a una ruta de reintegración”, señaló Villamil.
Sostuvo que en esos casos de paramilitares rasos se les profirió una acusación en su contra, lo que conllevó a una aceptación de cargos que se legalizó a través de una condena ante un Juez de la República, para finalmente suspender la pena con el compromiso de culminar el proceso de reintegración a la sociedad.
Según el funcionario de la Fiscalía, de los 4.408 postulados a Justicia y Paz, 2.538 fueron excluidos porque continuaron delinquiendo o no cumplieron con los compromisos ante la justicia, otros porque decidieron retirarse y en 140 casos porque han muerto en el desarrollo de la Ley de Justicia y Paz.
Aseguró que muchos de ellos se retiraron por la demora del proceso y porque creyeron que no podían ser perseguidos por la presunta incapacidad el aparato de justicia; sin embargo, la Fiscalía tiene identificados estos casos y ahora ellos serán juzgados por la justicia ordinaría y podrían enfrentar penas de hasta 40 años de prisión.
La Fiscalía también investiga a terceros que fueron auxiliadores o colaboraron con grupos paramilitares. En total son 15.737 compulsa de copias y de estas 1.311 son en contra de dirigentes políticos y 1.228 en contra miembros de la fuerza pública, que han sido mencionados por los desmovilizados de las autodefensas en sus confesiones.
De otra parte en los cerca de 11 años de la ley de justicia y paz se han proferido apenas 33 condenas, por 4.305 hechos y donde se han reconocido 21.847 víctimas, sin embargo el Director de Justicia Transicional señaló que a la Fiscalía “no se le puede medir por el número de condenas”, porque se trata de un proceso complejo.
Dijo que para la Fiscalía General el trabajo de priorización que se adelanta actualmente permitirá que antes del año 2.022 finalice la ley de justicia y paz, es decir que en cuatro o máximo seis años se les habrá imputado cargos a la totalidad de los desmovilizados de las autodefensas que se postularon y continúan en audiencias en todo el país.
El número de hechos cometidos por las autodefensas que investiga la Fiscalía es de 311.122, de los cuales se han confesado hasta la fecha, en más de 10 años, 61.265 hechos, es decir el 21 por ciento de los casos, mientras que el resto continúa en desarrollo porque en algunos de estos no ha sido posible ubicar a las víctimas.
En relación a las personas asesinadas a manos de los grupos paramilitares, se han identificado 5.120 fosas comunes, con el hallazgo de 7.654 cuerpos. De estos se han entregado a sus familiares los restos de 3.485 víctimas, 1.993 no han logrado ser entregadas y 1.446 se encuentran en proceso de identificación.
Una de las dificultades del proceso de Justicia Transicional con grupos paramilitares está relacionada con la reparación e indemnización de víctimas, pues la entrega de bienes y posterior legalización ha tenido inconvenientes y la cifra es inferior, pese a que según la Fiscalía se continúa con la persecución de los mismos.
“La Fiscalía tiene el deber de perseguir los bienes de paramilitares y una vez estos ofrecen la Dirección de Justicia Transicional solicita las medidas cautelares y pasa al Fondo de Reparación a las Víctimas”, señaló Villamil, quien además advirtió que han sido y serán excluidos los paramilitares que no entreguen bienes.
Sin embargo Paula Gaviria, directora de la unidad de víctimas, considera que los bienes entregados por los ex paramilitares no han sido suficientes y que un gran porcentaje de las indemnizaciones las ha tenido que asumir el Estado y que la entidad que ella dirige ha avanzado en la indemnización de por lo menos 2.500 personas.
«Son recursos importantes (los bienes entregados por desmovilizados) pero a todas luces insuficientes. Son más de diez sentencias de Justicia y Paz que han reconocido aproximadamente a 3.600 Victimas», precisó la funcionaria quien agregó que el 90 por ciento de indemnizaciones las ha asumido el Estado.
En cuanto a los más de 31 mil reinsertados rasos, siete mil terminaron su proceso de reintegración, otros 15 mil están pendientes y el número restante no regresó, según lo indicó Joshua Mitrotti, director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración.
Manifestó que muchos ex militantes de grupos paramilitares prefirieron no volver al programa de reinserción porque regresaron a sus hogares y allí decidieron continuar con su vida a través de negocios propios y que otros habrían muerto en hechos relacionados con «convivencia ciudadana».
La Fiscalía cree que algunos de los desmovilizados rasos pasaron a formar parte de bandas criminales, pero la agencia colombiana para la reintegración considera que estos fueron muy pocos y no más de seis mil como lo tendría establecido el ente acusador a través de las investigaciones que se adelantan contra dichas organizaciones.
«Las bandas criminales están conformadas en un 10 por ciento por reinsertados, pero el 90 por ciento lo conforman niños, niñas, adolescentes y jóvenes que ven en estas organizaciones una oportunidad», sentenció Mitrotti frente a esta situación que calificó como preocupante.
Finalmente y de acuerdo al proceso de Justicia y Paz, se calcula que más de un centenar de desmovilizados han quedado en libertad, entre ellos algunos ex jefes paramilitares, que continúan vinculados a las audiencias concentradas en todo el país.
MAURICIO BELTRÁN/ CM&
