El Consejo de Estado informó que se han presentado 150 demandas, en contra del Gobierno nacional, que buscan suspender decreto que obligaba a presentar el carnet de vacunación para ingresar a establecimientos públicos.
Se trata del Decreto 1408 del 2021, que impone a los ciudadanos prohibición de ingreso a bares, restaurantes, cines, discotecas, instalaciones deportivas, entre otros, si no evidenciaban haber recibido al menos la primera dosis de la vacuna.
“Actualmente cursan más de 150 demandas instauradas en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA, a través de la cuales se busca que se declare la nulidad del Decreto número 1408 de 2021, y en las cuales se solicitó que se decrete la suspensión previsional del plurimencionado decreto”, manifestó el alto tribunal.
Ante dicha solicitud, el Consejo de Estado declaró “la carencia actual de objeto en una demanda de acción de tutela que buscaba suspender provisionalmente el primer mandato por medio del cual el gobierno impuso como requisito de ingreso a eventos de asistencia masiva de personas la presentación del carnet de vacunación contra el coronavirus”.
Asimismo, el organismo judicial explica que la parte demandante sostiene que, “desde la expedición del Código de Nüremberg (Alemania) de 1947, ningún procedimiento médico, tratamiento o vacuna puede ser aplicado sin el consentimiento del paciente. Sin embargo, dice, las autoridades nacionales están coaccionando a los habitantes que, por motivación médica, conciencia o culto han decidido no vacunarse contra la Covid-19. A su juicio, la medida también resulta arbitraria, dado que la intervención no evita el contagio, sino que solo disminuye la gravedad de los síntomas del virus y su impacto negativo en la salud”.
Además, la demanda alega que la aplicación de vacunación contra la covid-19 “desconoce sus derechos fundamentales a la libre locomoción, la libertad de reunión, de conciencia, al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, a la dignidad humana y al derecho a una vida digna”.
Debido a los argumentos presentados por los demandantes, el Consejo de Estado estableció que la norma que genera la supuesta vulneración de derechos fue derogada expresamente por el artículo 5º del Decreto 1615 del 30 de noviembre del 2021.
“Indica que existe carencia actual de objeto, por supresión del acto administrativo que la parte actora acusa de violatorio de sus derechos fundamentales”, se lee en el comunicado.
Fuente; El Heraldo
