En los pasillos de la Casa de Nariño y en los del Ministerio de Defensa corre con fuerza la versión de que las tropas, tanto militares como de Policía, están desmotivadas. Lo que se dice en voz baja, tanto entre oficiales como de suboficiales –versiones que ya han llegado hasta el despacho presidencial– es que los uniformados de todos los rangos sienten que no son prioritarios para el Gobierno de Gustavo Petro.
Y eso, que tiene tanto de rumor como de alarma por lo que puede implicar en la seguridad del país, puso a la cúpula militar y al propio ministro de Defensa, Iván Velásquez, a analizar qué caminos se deben tomar para frenar de una vez por todas lo que ya algunos se han lanzado a calificar como “operación tortuga”.
Esto último no es otra cosa que evitar la confrontación directa en varios niveles, como operaciones contras grupos ilegales, delincuencia o, incluso, evitar choques con manifestantes en situaciones específicas. Dos ejemplos recientes fueron los bloqueos de la última semana en el Bajo Cauca Antioqueño –que derivaron en el robo de mercancía de camiones que estaban inmovilizados en las vías– y el no uso del Esmad para frenar las escaramuzas que se registraron en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, durante las marchas del pasado lunes contra el Gobierno.
Toda esta situación, que EL COLOMBIANO confirmó, se viene gestando desde hace varias semanas en las tropas tras la llegada del nuevo inquilino de la Casa de Nariño, y terminó saliendo a flote con la resolución 5709 del 2022 –firmada por Velásquez el 23 de septiembre–, con la que quedó en firme el retiro de 10 tenientes coroneles, un mayor, 3 capitanes, 7 tenientes y 2 subtenientes. 23 policías que, voluntariamente, salieron por diversos motivos –incluyendo el creciente descontento– de la entidad.
Este diario, además, supo que entre ese grupo de expolicías que terminaron colgando el uniforme hay varios que le dijeron directamente a sus superiores –tanto en la sede del Ministerio de Defensa como en las guarniciones en las que estaban– que otra preocupación en las filas es el cambio de estatus de la Policía para pasarla a otra cartera ministerial, lo cual podría derivar en una politización profunda de la institución.
Incluso, de acuerdo con uniformados activos que prefieren evitar ser mencionados para no tener represalias, habría más renuncias a nivel de oficiales en cuestión de días. Es más, a los oídos del propio presidente Petro ya llegó un mensaje en torno a que esto mismo podría registrarse en el Ejército y las otras fuerzas militares. Y, lo que ha generado más expectativa, algunos ya hablan de un posible distanciamiento entre el Jefe de Estado y su Ministro de Defensa.
“La situación está muy delicada y tiene con la moral muy baja a todo el mundo”, precisó un policía con acceso al alto mando. Además, fue enfático en que “nada de esto pinta bien”.
Y aunque la Dirección de la Policía –por instrucción de su comandante máximo, el general Henry Sanabria– emitió un comunicado advirtiendo que “no es cierto que el retiro de estos oficiales se haya producido por una desmotivación ocasionada por decisiones institucionales recientes”, entre las tropas la versión es otra.
La razón es que, por ejemplo, entre los 10 oficiales de más alto rango que acaban de salir están los coroneles José Raúl Vera y Hernán Darío Gómez. El primero se venía desempeñando como Comandante de la Policía de Cundinamarca y fue quien coordinó varios golpes contra mafias que, incluso, se están metiendo a Bogotá para controlar el narcotráfico de la capital y están dejando mensajes siniestros como lo son los 21 embolsados que se han hallado este año en esa ciudad.
Y el segundo fue una de las personas que más trabajó la reforma del Código de Policía que entró en vigencia en 2016; de hecho, fuentes de la entidad confirmaron que era una de las personas a las que se le estaban consultando los cambios que se quieren hacer dentro de la institución bajo la administración Petro.
Pero la Policía insistió en que los retiros se habían pedido desde hace meses y que no están relacionados con la coyuntura actual por la que atraviesa una institución clave para la salvaguarda de la democracia colombiana.
“La institución precisa que las solicitudes por parte de los oficiales fueron radicadas desde hace varios meses de la siguiente manera: 11 en el pasado mes de junio, 7 en julio y 5 en la primera semana de agosto, en el marco de un procedimiento normal dentro de la Policía Nacional en el que integrantes de la institución deciden poner fin a su servicio activo por voluntad propia, por razones individuales y familiares, haciendo uso de su derecho a la asignación de retiro, en su mayoría cumpliendo el tiempo de servicio que les otorga el mencionado derecho”, se precisó en un comunicado.
Fuente: El Colombiano
