La Contraloría Departamental emitió el fallo contra los ex servidores públicos por irregularidades en la adquisición de dispositivos.
El ex Alcalde de Yopal, Willman Enrique Celemín Cáceres y el ex Secretario de Tránsito y Transporte, Rofer Roncancio, fueron declarados como responsables por las irregularidades en un contrato de adquisición de comparenderas electrónicas que nunca pudieron ser puestas en funcionamiento por fallas técnicas y tecnológicas.
En un documento de más de 50 páginas, la Contraloría de Casanare determinó que la cuantía del daño fiscal fue de $184’501.771, una vez halladas las irregularidades y falencias en el contrato de compraventa n° 1180 del 21 de octubre de 2013 cuyo objeto consistió en la adquisición de insumos para el mantenimiento de los puntos semafóricos del municipio de Yopal y comparenderas electrónicas para la operación de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal.
Este contrato se suscribió con la Unión Temporal Comparenderas 2013 y su valor total fue de $295’753.785. El contrato incluía la adquisición de 10 comparenderas, que efectivamente fueron entregadas, sin embargo, solo 7 meses después de adquiridas, estos dispositivos presentaron fallas, lo que llevó a que se solicitara a la UT contratista la garantía del producto, evidenciando la deficiencia en la calidad de los mismos.
En el desarrollo de la auditoría, la Contraloría Departamental de Casanare encontró que la misma Secretaría de Tránsito y Transporte notificó que no pudieron dar aplicación al sistema de comparenderas electrónicas porque no cuentan con señal alguna y están bloqueadas.
Adicionalmente, las personas que fueron capacitadas para el funcionamiento de las comparenderas electrónicas ya no tenían ningún vínculo laboral con la dependencia gubernamental.
De igual manera el ente de control encontró que la garantía de los dispositivos se encuentra vencida, además no se hallaron las licencias de funcionamiento del software de las comparenderas y por último se halló una certificación técnica expedida por el Ingeniero de Sistemas de la Dirección de Tránsito donde se consta que los equipos no pueden prestar ningún servicio en las condiciones en las que se encuentran.
Por todo lo anterior, la Contraloría Departamental de Casanare en su momento determinó que se efectuó una gestión antieconómica que genera deterioro en el patrimonio por lo que se configura un hallazgo administrativo con presunto avance disciplinario y fiscal.
Una vez analizado toda la documentación y evidencia allegada dentro del proceso de auditoría, la decisión final del ente de control se basa en emitir un fallo de responsabilidad fiscal a título de culpa grave contra el ex Secretario de Tránsito y Transporte.
Así mismo, declaró que sobre el ex Alcalde de Yopal recae un fallo sin responsabilidad fiscal, sin embargo, esta decisión puede someterse al recurso de reposición por tratarse de un proceso de única instancia, recurso que puede ser interpuesto ante la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental de Casanare.
