Mauricio Rivera Parra, defensor del Pueblo Casanare, renunció
El Defensor del Pueblo en Casanare, Mauricio Rivera Parra, presentó su renuncia inmediata al cargo, un hecho que se produce días después de que se conociera que fue sancionado con una multa de más de 14 millones de pesos por conducir bajo los efectos del alcohol. El funcionario, esposo de la senadora Sonia Bernal Sánchez, admitió que su dimisión busca «proteger el prestigio de la Defensoría del Pueblo» ante la polémica.
El escándalo se desató tras un accidente de tránsito ocurrido el pasado viernes 1 de agosto en Yopal, donde Rivera Parra, al volante de su vehículo particular, colisionó contra dos motocicletas. El incidente derivó en un comparendo del SIMIT, que lo sancionó con la infracción de tipo F, la categoría más grave del Código Nacional de Tránsito, por «conducir bajo el influjo del alcohol».
La sanción y el peso de la ley
La sanción económica de $14.494.320 fue solo la primera consecuencia de sus actos. La falta, además, conllevaba la suspensión de su licencia de conducción y la inmovilización del vehículo, penalidades que, según expertos consultados, son proporcionales a una conducta de alto riesgo que puso en peligro la vida de otros ciudadanos. A diferencia de lo que ocurre con conductores de servicio público, la multa no se duplicó, pero su peso administrativo y moral fue innegable.
La renuncia y el factor ético
En un comunicado, Rivera Parra asumió la «plena responsabilidad» por lo sucedido y se comprometió a resarcir los daños materiales. No obstante, fuentes jurídicas señalan que la situación trascendía el ámbito de una simple multa de tránsito. El comportamiento de un funcionario público como él, que debe ser un referente de probidad y rectitud, es susceptible de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación.
La renuncia, por tanto, se interpreta no solo como una asunción de su error personal, sino como una medida necesaria para evitar un daño mayor a la credibilidad de una institución encargada de velar por los derechos humanos. Con su salida, el Defensor del Pueblo de Casanare cerró un capítulo polémico que deja en el aire un claro mensaje: la responsabilidad de los funcionarios públicos va mucho más allá del pago de una multa.
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