Por Redacción Internacional | Análisis
La designación de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, anunciada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), reconfigura el tablero político regional en un contexto sin precedentes: el anuncio de Estados Unidos sobre la captura de Nicolás Maduro y la promesa de Washington de administrar el proceso de transición.
El movimiento del TSJ —institución señalada por su alineación histórica con el chavismo— es interpretado por analistas como un mecanismo de contención institucional: preservar la continuidad del Estado y evitar un vacío de poder frente a la presión externa, más que una ruptura inmediata con el régimen.
Lo que dijo Washington
Desde Mar-a-Lago, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que su gobierno mantuvo canales directos de comunicación con Delcy Rodríguez y que Estados Unidos asumirá un rol activo en la transición venezolana, sin precisar plazos ni el despliegue en el terreno. Trump señaló que el secretario de Estado Marco Rubio sostuvo conversaciones con la dirigente venezolana y afirmó que existe disposición para ejecutar las directrices de la Casa Blanca.
La Casa Blanca ha vinculado la operación a componentes judiciales relacionados con cargos por narcotráfico que pesan sobre Maduro en cortes estadounidenses.
El mensaje desde Caracas
Horas después del anuncio de Washington, Rodríguez apareció públicamente junto a figuras clave del chavismo —entre ellas Diosdado Cabello y el fiscal general Tarek William Saab— para insistir en que Nicolás Maduro seguía siendo el presidente legítimo y rechazar cualquier relación con Estados Unidos fuera del marco del derecho internacional y venezolano.
La posterior designación interina por el TSJ introduce una contradicción central: una autoridad transitoria reconocida internamente por el aparato estatal, pero en disputa sobre su legitimidad externa.
¿Por qué Delcy Rodríguez?
El nombre de Rodríguez circulaba desde noviembre en conversaciones bilaterales como una figura de transición aceptable para Washington: ofrece continuidad administrativa, control institucional y la promesa —aún no calendarizada— de elecciones. Esta alternativa dejó fuera a la líder opositora María Corina Machado, a quien Trump cuestionó públicamente por su capacidad de gobernabilidad.
Rodríguez es considerada la mujer más poderosa del chavismo. Abogada, ex canciller y vicepresidenta ejecutiva, ha gestionado áreas clave del poder durante más de dos décadas junto a su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.
Reacciones internacionales
Unión Europea (UE): Voceros reiteraron que cualquier salida debe incluir garantías democráticas verificables, respeto a los derechos humanos y un cronograma electoral creíble. La UE pidió acceso humanitario sin restricciones.
Organización de Estados Americanos (OEA): El secretario general convocó a consultas urgentes y subrayó que el reconocimiento internacional dependerá de condiciones de legalidad, transparencia y observación internacional.
Naciones Unidas (ONU): La Secretaría General llamó a evitar la escalada, proteger a la población civil y favorecer una mediación política que conduzca a una transición pacífica.
Recuadro | Claves del análisis
- Contención vs. ruptura: La designación interina busca evitar un vacío de poder, no necesariamente desmontar el chavismo.
- Legitimidad en disputa: Autoridad interna del TSJ frente a reconocimiento internacional condicionado.
- Factor militar: El rol de las Fuerzas Armadas venezolanas sigue siendo la gran incógnita.
- Transición sin fechas: Washington habla de transición, pero sin cronograma claro.
- Oposición fragmentada: La exclusión de Machado reordena alianzas y tensiones.
Lo que debes saber
- El TSJ designó a Delcy Rodríguez como presidenta interina.
- EE. UU. afirma haber capturado a Nicolás Maduro y promete administrar la transición.
- Washington mantiene contactos directos con Rodríguez.
- UE, OEA y ONU piden garantías democráticas y evitar la escalada.
- El reconocimiento internacional dependerá de elecciones verificables.
Panorama: Venezuela entra en una fase de alta volatilidad política y geopolítica, con impactos regionales aún difíciles de medir.
