Discurso del expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez, luego de la firma de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc.
“La comunidad internacional debe saber que Colombia no ha vivido en guerra, que la Nación ha sufrido un sistemático ataque del narcoterrorismo a la democracia menos interrumpida de América Latina.
Nuestras Fuerzas Armadas no han estado al servicio de dictaduras, han sido ejemplares en el respeto al Estado de Derecho.
La violencia narco terrorista ha sido gran obstáculo al crecimiento económico, a la superación de la pobreza y al mejoramiento del ingreso.
Donde ha habido empresa privada ha habido economía formal, y ha habido pobreza donde la iniciativa privada vigorosa ha estado ausente por la violencia.
Habíamos bajado de 170 mil hectáreas de cultivos ilícitos a 47 mil, por la indulgencia con el terrorismo se ha llegado nuevamente a 200 mil.
En Colombia el narcotráfico ha sido promotor del terrorismo y en este acuerdo con las Farc, el cartel de cocaína más grande del mundo, se ha aceptado que este delito es conexo con el político. Los mayores delincuentes de esta organización no tendrán sanción doméstica, tampoco extradición y se les concede el beneficio de elegibilidad política.
Queda en impunidad el asesinato y secuestro de policías y soldados, en muchas ocasiones mientras iban de civil, en licencia o vacaciones, en muchas ocasiones indefensos.
Otros crímenes atroces no son sancionados adecuadamente y sus perpetradores patrocinados con grandes sumas del Estado para participar en política.
Quedan en la impunidad todos los delitos de lesa humanidad como el secuestro, 17.974 casos entre 1998 y 2003; el reclutamiento y violación de niñas, 11.700 niños reclutados; 6.800 mujeres violadas; los carros bomba; la destrucción de 200 municipios, acciones terroristas frecuentes, de la gravedad de las que han afectado a los pueblos de los Estados Unidos, Francia y Bélgica.
Los mayores responsables de estas atrocidades no van a la cárcel ni a lugares alternativos. Se anuncian sanciones como restricciones de residencia y de movilidad que serán inaplicables porque coincidirán con el ejercicio político de sus actores.
La misma justicia internacional denomina simbólicas a estas sanciones, por ende no adecuadas para graves delitos. En Colombia han sido accesorias a años de cárcel, o principales, pero en infracciones menores.
El país tiene alrededor de 140 mil presos que en promedio han cometido delitos menos graves que los de Farc, lo que hace inadmisible, desde la perspectiva del derecho interno, que en lugar de pena alternativa de reducción de condena para los mayores criminales, se les exima totalmente.
La falta de sanción adecuada, de cárcel, y la elegibilidad política en crímenes atroces, configuran una amnistía de hecho, a pesar del engaño de declarar que estos delitos no gozarán del beneficio.
Esta amnistía disfrazada al terrorismo se otorga además sin perdón, sin arrepentimiento, sin que entreguen el dinero del tercer grupo terrorista más rico del mundo para reparar a las víctimas. Los delincuentes admiten el sufrimiento causado y lo justifican.
De este modo no se crean condiciones de reconciliación sino estímulos al rencor.
Este acuerdo amnistía a los políticos y servidores públicos que han sido cómplices de las Farc. Colombia encarceló, con justicia, y también con casos de injusticia, a los políticos financiados por el narco tráfico, se conoció como proceso ocho mil, y a quienes hicieron compromisos con paramilitares, casos de para política. ¡Qué decir de esta impunidad a los colaboradores de Farc!
El Gobierno de Colombia renunció a la solución en la cual se avanzaba a través de la seguridad democrática, la desarticulación terrorista con castigo a los mayores delincuentes y soluciones sociales para los integrantes rasos, que incluía políticas eficaces de mejoramiento social y simultánea promoción de la inversión y el crecimiento económico.
A pesar de nuestros errores y faltantes, el progreso del país eligió al actual Gobierno en 2010, que abandonó la plataforma propuesta.
Paradojas de la vida, nuestro Presidente, después de ser la voz latinoamericana más crítica del chavismo, permitió que la tiranía de Venezuela trasladara al terrorismo, del escondite donde lo protegía, al camino de tomarse a Colombia.
Bien ha dicho Maduro que aquí se le debe una estatua a Hugo Chávez, porque se ha logrado lo que él quería para Colombia, y lo entendemos bien; la agenda de la Farc está triunfante.
Habíamos dejado de ser un estado fallido y hoy se afianza el retroceso. Se destruye la justicia y se remplaza la Constitución por 297 páginas concedidas al terrorismo, que los colombianos no han podido leer, que se imponen en una pregunta, sin argumentos, con propaganda y coacción, con desprecio presidencial por la ley y por la dignidad de los electores, a quienes ofrecen sobornos presupuestales.
Se prohibió la publicidad oficial para silenciar a los votantes del No, mientras que el Sí goza de desafiante ostentación propagandística.
El acto costoso de hoy, al mejor estilo de derroche de esta administración, para fortalecer al Sí a pocos días del Plebiscito, contrasta con la decisión del Gobierno que negó recursos oficiales para promover el No y desafió al país con la ostentación del Sí, sin argumentos. El Presidente negó el debate, nos invitó a adherir después de tratarnos como nunca se atrevió a hacerlo con el terrorismo. El Jefe negociador, con quien nos reunimos varias veces, habla de diálogo civilizado cuando no prestó atención a uno solo de los argumentos de los defensores del No.
Han abusado de la palabra paz para obligar a los ciudadanos a aprobar sin conocer los acuerdos.
Un Jefe político del Sí dijo en la Universidad de Los Andes, ante el Foro de Presidentes de Empresas, que los acuerdos son muy complejos, que no los ha leído en su totalidad, que no los entiende pero que hay que aprobar por un acto de fe.
El terrorismo feliz ha logrado que le aprueben toda su agenda, negociadores del Gobierno, con arquitectura jurídica para destruir la democracia, todo lo ocultan con el abuso de la palabra paz.
El Gobierno bajó el umbral del 50% al 13%, con 4.5 millones de votos aproximados por el Sí se aprobará este plebiscito, en un país que se acerca a 50 millones de habitantes.
El Presidente engaña al mundo con la afirmación de que no hay alternativa para conseguir la paz, él como Ministro y candidato nuestro en 2010 supo que la había, sabe que la hay, para ocultarlo niega el debate.
El Presidente negoció con el terrorismo la agenda nacional, la suplantación de la Constitución, que no es la paz sino todo lo contrario. Con razón voceros de Farc expresaron a medios mexicanos que Santos les concedió la victoria.
Para no indisponer a la Farc y a sus amigos Ortega, Maduro y Castro, Santos se ha negado a defender con vigor el mar de San Andrés.
Acudiremos a este Plebiscito con el terrorismo armado, que intimida como en 2014 y en 2015, cuando sus fusiles y explosivos impusieron votar por el Gobierno. Terrorismo que no estará concentrado, que no habrá empezado la entrega de armas, y que ha declarado aplazarla hasta que le aseguren normas jurídicas de total impunidad, no obstante que alias ‘Romaña’, campeón del secuestro, insiste que mantendrán las armas como garantía para que le cumplan los acuerdos.
Nuestra economía queda capturada por las Farc. Más impuestos generales, más impuesto predial, aumento excesivo del gasto público, que será inflexible. Adicionalmente, 20 decisiones del Estado deberán someterse al visto bueno, previo, del comunitarismo de Farc. Y, surgen una nueva motivación constitucional para expropiar propiedad privada de personas honestas.
El terrorismo está a la expectativa que con este Acuerdo que trae más impuestos, amenazas de expropiación, gasto público ineficiente, policía política al estilo castrista, se deteriore la economía y se agrave la crisis social, lo cual le permitiría la toma del poder para implantar definitivamente el fracasado Socialismo Siglo XXI, al estilo de la hermana Venezuela. Las Farc lo confiesan sin reservas.
Nosotros apoyamos que los desmovilizados de las Farc tengan protección del Estado, pero se ha acordado una especie de policía política castrista que dará protección con otros guerrilleros armados, que podrá supervisar las hojas de vida de los servidores públicos, a las empresas privadas de seguridad y a quienes llaman enemigos de la paz, que somos los del No, que también queremos la paz.
Se repite el grave error de asociar al Estado con criminales, en esta ocasión con las Farc, para combatir a otros criminales como los sucesores del paramilitarismo. Esa amarga experiencia se vivió en el pasado y graduó más criminales.
Las Farc se habría acabado si mi Gobierno hubiera permitido que los paramilitares avanzaran en su propósito, pero el camino institucional de combatirlos a todos fue nuestro camino.
Una norma del Acuerdo permite a los organismos de Derechos Humanos, muchos con notorio sesgo, acusar a civiles y militares, con la misma validez que las autoridades.
La comunidad internacional ha venido hoy no a saludar la paz de Colombia sino a presenciar la claudicación ante el terrorismo, que pone en serio riesgo a nuestra democracia y su potencial de bienestar y equidad.
No entendemos que algunos países apoyen aquí lo que allá no admitirían en favor del terrorismo.
Rechazamos que otros países, encabezados por la tiranía de Venezuela, vengan a proponer lo que allá les ha fracasado.
Argentina y Chile deben saber que no hemos tenido ejércitos al servicio de dictaduras, que nuestros militares y policías, integrantes de Fuerzas Armadas democráticas, no merecen tener que someterse al Tribunal de la Farc y menos tener que aceptar delitos no cometidos para evitar el riesgo de ir a la cárcel. Y los despojan del último beneficio, tener sus guarniciones como lugar de reclusión.
Los visitantes centro americanos deben recordar que allá hubo insurgencias civiles armadas contra dictaduras, en Colombia el Estado de Derecho ha sido desafiado por el narcoterrorismo.
Cada vez que en Perú aparecen señales de resurgimiento de Sendero Luminoso, responden con autoridad, no con amnistía a Abimael Guzmán.
México no amnistiaría a los cabecillas de los carteles de cuya droga Farc ha sido el mayor proveedor.
España, también presente hoy, dio ejemplo para encarcelar a Eta y no someter su democracia. En Colombia avalan la impunidad del terrorismo.
Estados Unidos ayudó con 11 mil millones de dólares en el Plan Colombia, había 170 mil hectáreas de coca, se redujeron a 47 mil, hoy tenemos 200 mil. Su Gobierno dice que estamos acabando una guerra de 56 años y apoya la impunidad que nunca permitirían a Al Qaeda. Pero el Departamento de Justicia, cada vez que pide en extradición a alguien de Farc, lo referencia acertadamente como narco terrorista.
Nos duele que democracias amigas acudan a avalar la impunidad disfrazada al cartel de cocaína más grande del mundo. Nos duele que concurran a darle aprobación a un plebiscito de democracia recortada, mientras ha primado la ausencia para confrontar a la tiranía de Maduro y ha habido tanta permisividad con las atrocidades castristas.
Rechazamos la presencia de los soldados castristas, la dictadura los ha utilizado desde el paredón asesino de comienzos de la revolución hasta la negación democrática actual. Castro promovió a Farc en Colombia hasta que por los recursos del narcotráfico la hicieron multimillonaria.
Visitantes del mundo que acuden a esta recocha de Santos, a este festín de legalización del terrorismo: Osama Bin Laden, Abimael Guzmán, el Chapo, a ninguno de ellos se le habría permitido ser dignatario de elección popular, presidente de una democracia, por qué esta Patria nuestra tiene que permitir la elegibilidad de terroristas de la mayor peligrosidad y destinar grandes sumas de dinero, de más impuestos sobre un pueblo pobre y unas empresas asfixiadas, para financiar el partido político del terrorismo rico, del primer cartel de cocaína del mundo, al que no le exigen entregar su dinero para financiar a las víctimas!
El premio al criminal tiene consecuencias. Los criminales amnistiados entregan a sus sucesores una fuente de recursos de 200 mil hectáreas de coca. Por eso las celebraciones de Cartagena coinciden con el crecimiento de disidentes de Farc, del Eln, grupo terrorista resucitado, que llena lugares de Farc e incorpora a sus efectivos. Y crecen organizaciones criminales de diferente pelambre, la extorsión, el control territorial por parte de criminales, la drogadicción y el microtráfico urbano.
Los colombianos que decimos No a este Acuerdo expresamos con solidaridad a nuestros compatriotas del Sí que nosotros también queremos la paz, aquella que no genere mal ejemplo, que no sea inestable, que cumpla con los mínimos de justicia de la legislación internacional y nacional, que de protección a los desmovilizados de la Farc y proteja a nuestra democracia del riesgo del totalitarismo socialista.
Comprensible que las Farc digan que nada se puede renegociar, tontos que fueran si consiguieron todo. Votar No es lo único que por ahora abre el camino de los correctivos.
En Villanueva, La Guajira, narra una mamá que su hija fue reclutada por las Farc, violada, obligada a entregar el cuerpo a los cabecillas, embarazada y obligada a abortar. De regreso a la familia la hija preguntó a la mamá si habría sanción, castigo adecuado, la mamá le expresó que no y que además podían los violadores ser elegidos hasta Presidente de la República. Aún más desconsolada la hija cuando la mamá le confirmó que en las 297 páginas no ofrecen perdón ni expresan arrepentimiento y que en vídeos se burlan de esa posibilidad, concluyó «mamá así no hay paz sino reproducción del delito, así no hay reconciliación sino más rencor».
En efecto, premiar al estudiante pilo que cumple con las asignaciones da buen ejemplo, pero no castigar al pillo que plagia da mal ejemplo y premiarlo es todavía peor.
Pensamos que en esta hora de peligro es mejor votar No, ofrecer protección a las Farc y exigir corrección de los acuerdos, que Votar Sí y después tener que corregir la nueva Constitución y los decretos que nos esperan. El No sería la tranquilidad para quienes albergan dudas porque sería una indicación de paz y de necesidad de corregir los acuerdos.
La tarea es difícil, pero con argumentos y corazón, con afecto por la Patria la lucha sigue.
Jóvenes colombianos:
Este acuerdo, que muchos de ustedes reciben con ilusión, trae una policía política que amenaza las libertades, incluye más impuestos, expropiaciones y un comunitarismo paralizante de la inversión privada.
La inversión privada y la educación universal y de excelencia son mutuamente dependientes: la primera aporta los recursos para la segunda que a la vez la nutre del conocimiento para su avance competitivo.
Sin inversión el joven se ve forzado a abandonar el país. Sin libertades se frustra el debate razonado que con la ciencia construye peldaños de verdad.
La crisis de inversión agrava la pobreza y los colombianos aburridos con Santos y sus parecidos pueden optar por ensayar a Timochenko y sus parecidos.
“La indulgencia con los crimínales es la corrupción de los pueblos», dijo El Libertador.
Con coraje enfrentemos el engaño, el derroche, el soborno, la presión a funcionarios y autoridades, la empalagosa publicidad que oculta los textos reales, la negación del debate.
Que las Farc cese también el narcotráfico, la extorsión, que devuelva los niños, los secuestrados, que si cumple se le proteja.
Que desde el No se corrijan los acuerdos. Estemos listos para lucharlo también de ganar el Sí, trabajando para elegir un Gobierno diferente que proteja la paz, que otorgue garantías a las Farc y que remueva desde la Constitución los equívocos que quieren llevarnos al socialismo totalitario.
Para olvidar el pasado manejemos el futuro con rigor a fin de no perderlo.
Las calles de Colombia son nuestra trinchera para decir a Santos, Maduro, Castro y las Farc, que en este suelo, moldeado con libertades, no tienen futuro.
Álvaro Uribe Vélez
Expresidente y Senador de la República»
