El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, advirtió que lo que está sucediendo en la cárcel de Villavicencio con el aumento de casos positivos de covid-19 no se puede repetir en otros centros de reclusión del país, y demandó del Ministerio Público, en su conjunto, la puesta en marcha de un plan de acción en materia carcelaria dirigido a la defensa de esta población, una de las más vulnerables del país.
En reunión virtual interinstitucional con el Vicedefensor del Pueblo, Jorge Enrique Calero, y los personeros del país, Carrillo Flórez aseguró que el decreto de excarcelación del Ministerio de Justicia ha sido insuficiente para evitar la propagación de la pandemia en los centros penitenciarios del país, y pidió un seguimiento a la situación que se está presentado en las estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI).
“Fuimos críticos del decreto, creo que ha sido insuficiente. Tenemos que hacer mucho más de lo que se ha logrado hasta el día de hoy, y por eso es tan importante tener clara una hoja de ruta, un plan de acción en materia de cárceles”.
El Procurador lamentó que frente a esta situación de riesgo en las cárceles del país la USPEC (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios) y el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) hayan actuando de forma desarticulada con las entidades territoriales, responsabilidad que también recae sobre los alcaldes locales.
El jefe del ente de control también solicitó priorizar las acciones de grupo (personerías, Defensoría y Procuraduría) durante la pandemia por el covid-19 y sostuvo que garantizar el derecho a la salud debe ser la prioridad.
“Todos podemos terminar mañana o pasado en una unidad de cuidado intensivo porque esto no tiene diferenciación de ningún color, ni de raza, de religiones y por supuesto de situación territorial”.
Enfatizó en la protección de los derechos del personal médico y sanitario, sus condiciones laborales y de bioseguridad, las poblaciones étnicas, los colectivos que se están quedando por fuera de las ayudas humanitarias, los campesinos afectados por las restricciones y las víctimas de violencia intrafamiliar.
Por último instó a identificar los contratos para actividades inocuas, que no tienen relación con la contención y mitigación de la pandemia, y alertó al grupo articulado sobre contratos de publicidad para promocionar la imagen de alcaldes, gobernadores o partidos políticos.
