Este martes, en sesión Plenaria del Senado, fue aprobado con 65 votos el Proyecto de Acto Legislativo 072 de 2018, el cual adiciona dos artículos a la Constitución Política y estipula que en ningún caso el delito de secuestro ni los relacionados con fabricación, tráfico o porte de estupefacientes serán considerados delitos políticos o conductas conexas a estos.
Así las cosas, el proyecto pasa a sanción presidencial luego de haber surtido el trámite de ocho debates que se exigen para los actos legislativos. La disposición, aclaró el senador Santiago Valencia, ponente de la iniciativa, solo podrá ser aplicada en sucesivos procesos de paz, pues solo se hará efectiva expresamente para conductas que tengan lugar después de su entrada en vigencia.
Cabe anotar que la reforma tampoco afectará o generará inseguridad a los desmovilizados de las Farc en virtud del pacto que suscribieron con el Estado para dejar sus armas, ya que se excluye su aplicación al Acuerdo Final.
Según el senador Valencia, son dos los objetivos principales del proyecto de ley: mantener la naturaleza jurídica del delito político y su excepcionalidad, excluyendo el secuestro, las conductas relacionadas con narcotráfico y los delitos sexuales contra menores; y dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de Colombia respecto del secuestro, las conductas relacionadas con el narcotráfico y la protección de niños, niñas y adolescentes frente a agresiones sexuales.
En la Plenaria en la que se aprobó esta reforma constitucional estuvo presente, en representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Juan Francisco Espinosa Palacios.
El proyecto ha sido abordado desde dos perspectivas: una jurídica y otra política, siendo ambas de crucial importancia para entender no solo su conveniencia, sino principalmente, su necesidad. En cuanto a lo jurídico, se trata de ponerle límites al desbordado alcance que se le ha querido dar al delito político y sus consecuencias (amnistías e indultos).
