Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos, destacó en un comunicado que todo esto se dio tras varios meses de investigación en los cuales se pudo determinar que estas empresas presentaban fallas de continuidad en la prestación de los servicios, medición del consumo, reporte de información, planes de contingencia, recolección y disposición final de residuos y metodología tarifaria, entre otros.
“Luego de cumplir las etapas que nos define la ley, hemos impuesto estas sanciones durante los primeros cinco meses del año al confirmar el incumplimiento en temas de calidad, continuidad, aspectos técnicos y operativos por parte de estos prestadores”, indicó la funcionaria.
Avendaño destacó que la entidad ya comenzó las investigaciones y requerimientos pertinentes a las empresas sobre las cuales se han recibido más quejas de los colombianos durante 2020, en especial desde que comenzó la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 ya que, según ella, es inaceptable que familias y empresarios se afecten con incrementos injustificados en sus facturas.
“Todo esto en relación con incrementos de tarifas, medición por promedio y cortes o suspensiones no autorizados. Estamos monitoreando a las empresas para evitar abusos”, agregó la superintendente.
Las multas más significativas a empresas de servicios públicos, según El Tiempo, hasta el momento son:
- Electrificadora del Meta: 5.958 millones de pesos.
- Codensa: 1.656 millones de pesos.
- Empresas Públicas de Medellín (EPM): 1.656 millones de pesos.
- Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana: 5.031 millones de pesos.
- Acueducto y Alcantarillado de Santa Marta: 2.494 millones de pesos.
- Aseo Internacional (Soacha): 1.955 millones de pesos.
- Empresa de Energía de Pereira: 1.215 millones de pesos.
