En sesión de la Comisión Quinta realizada en Paipa, la población que vive en el páramo, exigió que la tengan en cuanta antes de la delimitación.
PAIPA (BOYACA)
La delimitación del Páramo de Pisba, el único que falta por demarcar en Colombia, fue uno de temas más álgidos que se debatieron durante la audiencia pública que la comisión quinta de la Cámara de Representantes realizó en Paipa.
Durante la reunión, las autoridades locales y departamentales le hicieron un llamado a los 15 congresistas que se dieron cita, así como a los representantes de las entidades del Gobierno que participaron, para que se tuvieran en cuenta a las comunidades que residen en esa zona y que dependen económicamente de las actividades agrícolas y mineras que adelantan.
«Necesitamos que el Gobierno nacional asuma con seriedad la situación que viven más de 12.000 habitantes del páramo de Pisba por el proyecto de delimitación y que entienda que son vidas humanas las que están en juego en esta discusión”, comentó Carlos Andrés Amaya, gobernador de Boyacá.
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En su intervención, el mandatario de los boyacenses aseveró que el Gobierno nacional no le está dando la importancia que se merece este problema.
«Estamos planteando que el gobierno venga a concertar esa delimitación. Yo estoy de acuerdo en que en el páramo no debe haber ninguna actividad económica, pero también podemos pensar en otras alternativas que ha propuesto el gobierno de Boyacá como, por ejemplo, apicultura, que no afecta el ecosistema. Sin embargo, necesita recursos y voluntad”, apuntó el burgomaestre.
El Gobernador también cuestionó la centralización de las decisiones sobre temas que afectan directamente a las regiones del país.
«El tema es sencillo, la delimitación no puede hacerse con una firma. Esto tiene que tener un plan muy serio de transición, planeación y sobre todo recursos. De qué van a vivir las familias campesinas que hoy habitan los páramos y que tienen una vaca o una hectárea de papa. Estamos de acuerdo con la delimitación, pero teniendo en cuenta a la gente que lo habita”, expresó Amaya.
Según el mandatario, el Gobierno departamental hoy no puede construir una vía en esa zona para que los campesinos puedan sacar sus productos y los niños ir a la escuela.
«No se puede hacer porque hay una ley que no contempló los contextos locales y que no se concertó con nadie. Es muy fácil desde Bogotá firmar una resolución sin conocer el territorio y sin saber quiénes lo habitan”, manifestó Amaya.
La delimitación de Pisba determinará en qué zona los pobladores pueden seguir trabajando normalmente. Anteriormente, hubo un proyecto de delimitación que cobijó a cerca de 6.500 campesinos –y convirtió a Pisba en el páramo más habitado del país–, pero quedó aplazado por una acción de tutela que falló el Tribunal Administrativo de Boyacá el 9 de agosto de 2018.
Ahora, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene un año para definir nuevamente el área que será objeto de protección.
Sobre el particular el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, había indicado que le solicitaría al Tribunal ampiar el plazo de un año que le había dado para poder delimitar ese ecosistema que abastece de agua a cerca de 118 municipios del oriente colombiano.
«Es mi propósito realizar este mecanismo de participación con las comunidades y considero que no es solo función del ministerio de Ambiente, sino también del ministerio de Justicia y del Interior», señaló el ministro.
