La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde municipal de Monterrey (Casanare), Orlando Martínez Ávila, y a su secretario de Gobierno, Juan Arley Bernal Martínez, quienes no habrían adelantado las acciones necesarias para garantizar los derechos de una menor de edad.
El exmandatario habría incurrido en falta disciplinaria al designar a su secretario de Gobierno para que actuara en un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos de una menor de edad, luego de que la comisaria de familia se declarara impedida.
El ente disciplinario advirtió que al nombrar un funcionario reemplazante, Martínez Ávila posiblemente desconoció la ruta de solución para los casos en que debiera hacerse uso de una competencia subsidiaria.
Entre tanto, de acuerdo con las pruebas recaudadas, el secretario de despacho no habría realizado ninguna acción respecto del encargo de tramitar de manera especial el proceso de restablecimiento de derechos de la niña.
La administración no habría adelantado las acciones correspondientes para defender los derechos de una menor de edad.
En ese sentido, la Procuraduría señaló que, si bien la asignación efectuada a Bernal Martínez no era la correcta, el investigado no habría expresado sus argumentos para no efectuar ninguna actividad, tampoco alegó impedimento o falta de competencia o conocimiento del tema.
Señala el Ministerio Público que «sencillamente ignoró el asunto, no actuó y dejó transcurrir los seis meses que están reglamentados para efectuar el proceso”. En consecuencia, la misma administración de Monterrey debió remitir el asunto al Juzgado Promiscuo del Circuito de ese municipio.
A juicio del ente de control en ese lapso reglamentario, el disciplinado pudo haber tomado determinaciones respecto de los derechos vulnerados de la niña pues en ese aspecto estaba respaldado por la presunción de legalidad.
Las conductas reprochadas a los funcionarios fueron calificadas provisionalmente como falta grave a título de culpa gravísima.
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