“En algunas regiones del país, aún no se ha implementado en el presente año el programa”.
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, hizo un llamado al presidente electo, Iván Duque Márquez, a garantizar el financiamiento y la operación eficiente del Programa de Alimentación Escolar (PAE), así como a la puesta en marcha de las reformas de fondo que se requieran para la a prestación del servicio a cerca de 5 millones de niños, niñas y adolescentes beneficiarios.
El jefe del Ministerio Público enfatizó en la “necesidad urgente e inaplazable de enfrentar las complejas dificultades del programa”, especialmente la falta de una adecuada financiación que logre el funcionamiento eficaz, oportuno y de calidad, que cierre las puertas a la corrupción y a todas las prácticas que atenten contra los recursos destinados al programa.
“En sus funciones preventiva y disciplinaria, la Entidad ha podido establecer los principales problemas del PAE, resaltándose como primera preocupación, el no acceso al servicio y la deficiente calidad de los alimentos a los niños. En algunas regiones del país, aún no se ha implementado en el presidente año el programa, y constantemente, se suspende su provisión, o se atiende solo parcialmente a los estudiantes”.
Municipios en riesgo
El Procurador General advirtió, que además de los cerca de 200 procesos disciplinarios que se adelantan por irregularidades en el PAE, el Ministerio Público ha establecido que algunas entidades territoriales están en riesgo de no lograr la prestación del servicio por no disponer de los recursos suficientes.
“Los casos más preocupantes corresponden a los municipios de Cúcuta y Soacha, que han tenido un aumento significativo en sus matrículas durante el último año, en razón a la llegada de estudiantes provenientes de Venezuela, afectados por la situación humanitaria que atraviesa el vecino país”.
Carrillo Flórez explicó que la ciudad de Cúcuta, que atiende a 58.000 beneficiarios, entre los que se cuentan cerca de 6.000 nuevos estudiantes provenientes de Venezuela, solo cuenta con contrato para el operador del programa hasta agosto y requiere cerca de $9.000 millones para lograr finalizar el año sin suspender el servicio.
Frente a la situación de Soacha, el Procurador sostuvo que esta administración apenas podrá mantener el servicio de alimentación escolar hasta hoy, por lo que requiere cerca de $5.000 millones para garantizar su actual cobertura, que en 2018 aumentó en 1.000 nuevos beneficiaros provenientes del vecino país.
“En situación similar se encuentran los departamentos de Guaviare y Vichada, que en abril ya suspendieron el programa y, de no disponer de los recursos suficientes, tendrán que interrumpirlo nuevamente antes de que termine el calendario escolar, afectando a 27.000 estudiantes”.
Carrillo Flórez agregó que la situación de Chocó (105.000 beneficiarios) y Antioquia (204.000 beneficiarios) también genera preocupación porque “a la fecha no se tiene claro cómo se financiará el PAE en los últimos meses del año”.
Lo anterior, se suma al difícil escenario que presenta el Distrito de Cartagena y el municipio de Montería con 89.000 y 30.000 beneficiarios priorizados respectivamente. En estas entidades territoriales, a pesar de contar con los recursos suficientes, no han concretado la contratación del operador, y en consecuencia, a la fecha no han prestado el servicio de alimentación escolar ni un solo día del presente año.
“(…) Los recursos con los que efectivamente cuentan las entidades territoriales resultan insuficientes, sumado a la falta de planeación y consideración sobre los costos reales del programa y las dificultades en materia de arquitectura y flujo financiero, lo que deriva en una prestación del servicio, con los peligros para la salud de los estudiantes beneficiarios por los incumplimientos de los requerimientos sanitarios y de calidad de las raciones que se ofrecen”.
En este sentido, el Procurador entregó las siguientes recomendaciones al nuevo mandatario nacional:
• Avanzar progresivamente hacia la universalidad en la cobertura del PAE. Actualmente el programa tiene una cobertura cercana a los 4.7 millones de beneficiarios, que equivalen al 60% de la matricula oficial. Si bien esto implicaría un gran esfuerzo fiscal, sería una señal contundente del Estado colombiano frente a la realización inclusiva y equitativa del derecho a la educación. En el corto plazo es necesario establecer las necesidades prioritarias de cobertura, definiendo el número de estudiantes beneficiarios que puede garantizar cada una de las entidades territoriales para todo el calendario escolar.
• Adelantar las reformas legislativas que correspondan para dotar al programa de una asignación estable y regular de fuentes de financiación, que permita plena claridad a las entidades territoriales sobre el recurso disponible para realizar oportunamente todas las gestiones de contratación de los operadores.
• Proponer las reformas legislativas que permitan la articulación entre las diferentes fuentes de financiación del programa, especialmente los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Participaciones, con el propósito de que sea posible que las entidades territoriales certificadas puedan constituir efectivamente el esquema de bolsa común, tal como lo contempla la Resolución 29452 de 2017 del Ministerio de Educación Nacional.
• Dotar con urgencia a las instituciones educativas de mejores espacios y equipamientos para que sea posible avanzar o aumentar la cobertura de raciones servidas en sitio.
• Involucrar a las secretarias de salud de las entidades territoriales para que articuladamente con los comités de alimentación escolar y las secretarias de educación vigilen el cumplimiento de los estándares de sanidad y calidad de los alimentos, tanto preparados en sitio como industrializados, así como de la Resolución 29451 de 2017, sobre los componentes nutricionales de las raciones de acuerdo con la edad de los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
• Continuar con la descentralización del programa, en cabeza de las entidades territoriales certificadas, pero brindando a estas un adecuado financiamiento y acompañamiento técnico, para lo cual se requiere de un lado fortalecer la gerencia del programa, preferiblemente con mayor presencia en los territorios y de otro lado involucrar a otras instituciones y estrategias gubernamentales con capacidad técnica para apoyar a las entidades territoriales certificadas.
• Profundizar en el diseño de mecanismos de monitoreo y seguimiento en todos los aspectos del programa (legal, administrativo, financiero y técnico). Sería conveniente que estas actividades fueran adelantadas por interventorías externas, costo que debería ser incorporado adecuadamente a la financiación del programa.
• Definir normativamente y aplicar esquemas de contratación que garanticen la selección objetiva, estimulando la participación de entidades especializadas y con amplia experiencia, que permitan economías de escala y con la mejor calidad de raciones para los beneficiarios del PAE, como pueden ser las cajas de compensación familiar.
• Podría implementarse desde ya un Registro Único de Proveedores del PAE (RUPAE), con un sistema de evaluación y calificación. Esta medida debería ser un requisito habilitante y permitiría contar con un antecedente para conocer la trayectoria de los operadores y saber si su desempeño al operar el programa anteriormente fue óptimo o no.
• Aunque el Ministerio de Educación y las entidades territoriales han avanzado en lo que tiene que ver con el reporte de información, la falta de esta sigue siendo uno de los principales obstáculos para una adecuada planeación del PAE. Es necesario que se adopten estrategias para mantener actualizado el Sistema Integrado de Matricula (SIMAT), con el fin de conocer el número real de beneficiarios, pues esta es la base para estimar el recurso que requiere cada entidad, así como un medio para el seguimiento y la evaluación de la gestión del programa.
