Magistrado Jorge Ignacio Pretelt.
El alto tribunal lo investiga por el delito de concusión.
Por primera vez en la historia moderna del país, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia juzgarán a un par: se trata del suspendido magistrado de la Constitucional Jorge Pretelt, acusado por el supuesto pedido de un soborno para incidir en una tutela.
La Sala Penal de la Corte lo llamó a juicio, y corrió traslado al abogado de Pretelt, Abelardo de la Espriella, para que hasta el 13 de diciembre presente las nulidades y pruebas en el caso, según fuentes de la Corte.
La Corte Suprema de Justicia podría discutir cuál será el procedimiento por seguir en el caso del magistrado Jorge Pretelt, pues el juzgamiento de un aforado investigado por la Comisión de Acusaciones es un hecho que este tribunal no ha desarrollado nunca.
El alto tribunal se regirá por los artículos 174 y 175 de la Constitución que establecen la competencia del alto tribunal para recibir el proceso de la Comisión de Acusaciones y adelantar el juicio. También por el artículo 75 del Código de Procedimiento Penal.
En el juzgamiento de aforados, el reglamento de la Corte establece que los procesos deben ser repartidos a tres magistrados, según directrices que sean fijadas por la Sala de Casación Penal. La Sala debe establecer los criterios para determinar cuál será el acusador. Posteriormente el caso es repartido a magistrados de instrucción, quienes deben adelantar la fase de investigación.
En la Corte Suprema el estudio del caso de Pretelt lo tiene el magistrado Francisco Acuña Viscaya, elegido este año dentro de los magistrados de la Sala Penal. (Jorge Pretelt, primer magistrado que va a juicio ante la Corte Suprema).
Paralelo a este juiocio penal, el Senado, que suspendió a Pretelt en agosto pasado, adelantará un juicio político en su contra.
En los expedientes de la Fiscalía por el caso Fidupetrol están las declaraciones del abogado Víctor Pacheco, quien ha dicho en diferentes oportunidades que Pretelt le pidió 500 millones de pesos para favorecer en una tutela a Fidupetrol.
Según Pacheco, esa solicitud se la hizo en una reunión del 18 de octubre del 2013 en el apartamento del magistrado, en donde Pretelt supuestamente pidió la millonaria suma para “hablarle al oído” al magistrado González, quien era el ponente en el caso. Según el expediente, lo que se pretendía era que el ponente levantara el embargo que pesaba sobre las cuentas de Fidupetrol, para que sus dueños pudieran disponer de ese dinero.
En su defensa, el togado se ha declarado como perseguido por el presidente Santos, aunque casi siempre votó en la Corte a favor de las posiciones del Gobierno, como en el caso del plebiscito por la paz, y temas de minería y planes de desarrollo.
