La Contraloría General de la República reveló que a pesar del control preventivo que le hizo, en 8 municipios a toda la contratación suscrita con motivo de la emergencia sanitaria por el covid-19, persisten los sobrecostos, aunque en un valor menor al inicial.
Las alertas atendidas tienen que ver con situaciones de sobrecostos, que se están corrigiendo, en Acacías y Puerto Gaitán (Meta), Sincelejo y Coveñas (Sucre), Chía, Guaduas y Tabio (Cundinamarca), y Guaitarilla (Nariño).
En el caso Puerto Gaitán, Meta, la Contraloría había alertado sobre presuntos sobrecostos iniciales del 26% en los kits para comunidades indígenas y en los kits convencionales, y una vez ajustados en el acta modificatoria se redujeron los presuntos sobrecostos al 18% y 20%, respectivamente. Con las modificaciones el costo por kit se redujo de $319.000 a $316.000, pero sigue existiendo un posible sobrecosto. Se redujo el precio en 15 de los 21 ítems que conforman cada kit.
En Sincelejo, por ejemplo, el organismo de control siguió evidenciando posibles sobrecostos en dos contratos para el “Suministro de kit de alimentos no perecederos con destino a la población vulnerable del municipio de Sincelejo”, firmados con Surtivíveres Comercializadora y Distribuidora S.A.S. y Abastos y Fruver El Paraíso S.A.S. persistiendo el sobrecosto pasando del 27% al 18%. Ambos eran por $1.999.950.000 y con la renegociación pasaron a $1.769’489.095.
En otro de los casos, en Guaitarilla (Nariño), se compraron pañales para adultos mayores a $38.500, cuando en el mercado valen $2.294. Se aclaró que el valor del pañal no era unitario sino por bolsa de 16 unidades pasando de un presunto sobrecosto de 1665% a 6%.
Entre el 10 de marzo y el 5 de abril la CGR revisó 37.932 contratos suscritos en todos los órdenes de la administración pública entre el 10 de marzo y el 5 de abril. De ellos, 7.756 están relacionados con recursos destinados a la emergencia.
“Se han realizado algunas intervenciones preventivas que han permitido los ajustes de valores y precios en cerca de 8 entidades territoriales que reportan cerca de 5.699 millones de pasos”, dice Luis Carlos Pineda, contralor delegado para la participación ciudadana.
Según la Procuraduría General de la Nación los sobrecostos sobrepasan los 80 mil millones de pesos entre otras irregularidades.
“La utilización con fines políticos de los mercados que son una herramienta para entregar alimentación a las poblaciones más vulnerables de Colombia”, señaló el Procurador Fernando Carrillo.
Asimismo, los entes de control hacen un llamado a cuidar los recursos públicos.
“Desde la Auditoría General de la República hago un llamado a los entes territoriales de control para que se realice el control específico a toda contratación ejecutada en medio de la declaratoria de Urgencia Manifiesta, para garantizar la adecuada y correcta utilización de los recursos públicos durante esta emergencia” Alma Carmenza Erazo, Auditora General de la República.
