La periodista venezolana Carolina Briceño forma parte de la unidad de investigación del diario El Nacional y vive en la ciudad de Cúcuta en Colombia desde 2019; tenía un Permiso de Protección Temporal (PPT) al que renunció días atrás para solicitar refugio y garantizar así el principio de “no devolución”, pero actualmente dice estar en un “limbo jurídico” y pide respuesta inmediata del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Su mayor temor es ser “devuelta a Venezuela” donde, considera, sería enviada a un “centro de torturas” por ser una de las autoras de un trabajo de investigación periodística sobre unos hermanos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que presuntamente actúan como testaferros del diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro.
La serie fue publicada por El Nacional a principios del mes pasado y desde entonces Briceño asegura haber sido víctima una campaña de “difamación y desinformación proveniente del chavismo”. En portales digitales fue señalada de formar parte de una “red de extorsión” y de haber recibido 1,2 millones de dólares del gobierno interino de Juan Guaidó a quien afirma que no conoce.
“¡Quieren tú cabeza!”, es la expresión que, según una fuente confiable de Briceño, surgió desde el gobierno y, junto a otras señales, entre ellas llamadas de un número desconocido en horas de la madrugada y que asegura guardan relación con su investigación, fue lo que la hizo partir a Bogotá para buscar resguardo.
“Me llega el chavismo a poner las manos por cualquier vía, detenida regular o irregular o los mecanismos que ellos busquen, eso simplemente va a ser para meterme en centros de torturas esto va a ser un caso de violaciones gravísimas de DDHH. Yo lo que le pido al gobierno colombiano, al señor presidente Petro, yo lo que les pido, les ruego que tomen la decisión”, dijo a la Voz de América.
La periodista lamenta el manejo que los funcionarios de la oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Bogotá le han dado a su caso y cuestiona que la no hayan cumplido, hasta el momento, la totalidad de los acuerdos a los que llegaron para que decidiera levantar una huelga de hambre que inició para pedir asistencia de esa agencia.
Uno de los compromisos, relata, fue recibir acompañamiento de ACNUR durante sus traslados a las oficinas de Migración Colombia para “evitar riesgos” hasta tanto el trámite de refugio sea aceptado; no se siente segura transitando sola por las calles de Bogotá por no tener “estatus migratorio regular” ni constancia de solicitud de refugio.
“Creo que no dimensionan la realidad de Venezuela, no dimensionan los riesgos que vivimos en Venezuela, mucho menos los riesgos que vivimos los periodistas”, dijo a la VOA, mientras recuerda los casos de crímenes de lesa humanidad expuestos por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de DDHH de la ONU y considerada una “hostil iniciativa” por el gobierno de Maduro.
Briceño reitera su preocupación al recordar el caso de Lorent Saleh, un activista venezolano que fue deportado de Colombia en 2014 y que durante 4 años estuvo detenido en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
“Si me entregan voy a ir a centros de tortura”, advirtió.
Para conocer el status del caso, la VOA escribió un correo electrónico a la oficina de ACNUR en Bogotá y espera por una respuesta.
Por esos trabajos de investigación el jefe de redacción del diario El Nacional, José Gregorio Meza, fue trasladado por funcionarios de seguridad a declarar el 25 de enero en Caracas. Miguel Henrique Otero, presidente del diario denunció una “arremetida” contra los periodistas de El Nacional y aseguró que había citaciones y ordenes de imputación.
La situación fue considerada un acto de persecución por diversos organismos nacionales e internacionales, entre ellos el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
El Nacional dejó de circular en el 2018 por trabas gubernamentales para tener acceso a papel periódico. Ese mismo año, el parlamentario chavista Diosdado Cabello demandó al medio de comunicación por difamación tras replicar, al igual que varios medios internacionales, un reportaje del diario ABC de España que lo vinculó con delitos de narcotráfico.
A mediados del 2021 la sede del diario fue embargada, después de que un juzgado ordenó pagar a Cabello más de 12 millones de dólares en indemnización por daño moral.
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