La Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo solicitaron reversar la venta de acciones no autorizadas de la EPS Medimás.
BOGOTA
Según los entes de control, la enajenación de esas acciones se habría hecho sin autorización y habrían sido adquiridas por un contratista del sector eléctrico que no cuenta con la idoneidad para ser la cabeza de la EPS.
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez; el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, y el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, pidieron medidas cautelares para proteger a los más de 4 millones de afiliados.
El Contralor General advirtió que como órganos de control “nos parece preocupante que un contratista en el sector eléctrico, que evidentemente quedó mal, haya quedado al frente de la propietaria de la EPS, porque lo más importante, que no se puede pasar por alto, es que las personas que tienen la responsabilidad de atender a los ciudadanos en un tema tan complejo, que requiere de tanto compromiso como la salud, no pueden tener tacha”.
Por su parte la Procuraduría le solicitó al Tribunal de Cundinamarca analizar si con los cambios de la posición societaria de Prestnewco S.A.S., propietaria de Medimás, se estaría contrariando la medida impartida, y de ser así que se adopte las medidas inmediatas para poner fin al incumplimiento de la obligación impuesta.
“Cuando se aprobó el proceso de reorganización institucional por parte de la Superintendencia Nacional de Salud se evaluó cada sociedad participante de Prestnewco y se aplicó el Sarlaf – Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo -, porque es necesario saber quiénes están detrás del manejo de los recursos parafiscales”, insistió.
La Contraloría, la Defensoría y la Procuraduría conformaron una comisión conjunta este miércoles para realizar visitas a la EPS y a la Supersalud.
Además informaron que evaluarán con el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe Restrepo, las acciones tendientes para que se cumpla la orden impartida por el Tribunal de no hacer cambios hasta tanto sean falladas las acciones populares en curso.
