Hay preocupación en el departamento de Casanare por el futuro que tendrán 120 personas que fueron desalojadas de un bien fiscal en el municipio de Aguazul. Ellos ajustaron 16 años en el terreno, tras un contrato que desconocería la administración.
La historia arrancó en el 2006 cuando 19 familias estaban buscando un lugar para levantar sus viviendas. El alcalde de la época tomó la decisión de arrendarles un predio para que pusieran en marcha sus proyectos productivos y otro tipo de iniciativas de carácter social.
Con base en ese acuerdo, empezaron a llegar más ciudadanos a la vereda Tres Aceites. En 2016 tambaleó el convenio por los cambios en la política local, pero lograron estabilizarlo. Sin embargo, en las últimas horas los obligaron a salir de los inmuebles que construyeron.
Se justificó la medida con una violación al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Con base esta infracción, la Policía los sacó a la fuerza. La escena quedó registrada en videos que se multiplican ampliamente en esta región del país.
Los uniformados les socializaron que el terreno tenía una orden de desalojo y tenían que hacerla cumplir. Sin embargo, ellos mostraron resistencia y no tuvieron más remedio que actuar. En las grabaciones se escuchan gritos y el llanto reiterativo de los familiares.
Finalmente, se ejecutó la medida. Ellos denunciaron que, contrario a las obligaciones constitucionales, la administración municipal de Aguazul no les habría brindado apoyo para evacuar el terreno. Al parecer, la expulsión se habría hecho de manera irregular.
Por lo general, este tipo de operativos se les advierten a los protagonistas con anterioridad para que devuelvan de manera voluntaria el terreno que estaban invadiendo. En dado caso de que se venza sin éxito, las autoridades pueden ejercer la fuerza.
Las responsabilidades del municipio no se pueden desconocer. Por ejemplo, tuvo el deber de garantizar la reubicación de los desalojados porque son calificados como población vulnerable que merecen atención: adultos mayores, menores de edad y campesinos.
También debía facilitar el retiro, traslado y custodia de cada uno de los bienes muebles y enseres que fueron removidos del terreno. No obstante, los afectados alertaron que no se cumplieron con todos los requisitos y por eso califican el operativo como inconstitucional.
El defensor de los afectados, Mario Forero, manifestó que la Alcaldía desconoció sus derechos: “Están atropellando a los campesinos. Ellos tienen especial protección del Estado. No tienen dónde vivir. Están deambulando en las calles desde el desalojo”.
Otro es el argumento de la Alcaldía de Aguazul, quien refirió que desde el 2016 se activaron mesas de trabajo para socializar la decisión que estalló en las últimas horas: las advertencias estaban dadas y la comunidad las habría esquivado intencionalmente.
Un juzgado de la región avaló el desalojo del terreno que hace parte del inventario de la administración y su obligación es velar por su cuidado, a pesar de los clamores de las familias para que les cedieran o arrendaran nuevamente los inmuebles que construyeron.
Así lo manifestó el secretario de Gobierno, Alejandro Durán: “Esto es un predio público que hace parte del municipio y tenemos la obligación constitucional de recuperar. Es importante que este predio viene en proceso de recuperación desde el año 2016″.
Agregó que hubo compromisos para el desalojo controlado y sin la mediación de la Fuerza Pública para evitar alteraciones del orden público porque la única conclusión legal era el desalojo, pero los acuerdos se habrían violado con insistencia.
