Sogamoso, Boyacá | Marzo de 2025 La Veeduría Ciudadana por la Protección de la Infancia y la Adolescencia de Boyacá ha expresado su profunda preocupación por la respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ante el caso de Sara Michel Vargas Vega, una menor que ha sido víctima de una grave vulneración de derechos. La Veeduría denuncia serias fallas en los procesos de prevención y protección infantil, lo que refleja una clara negligencia institucional.
Incumplimiento de plazos y medidas insuficientes
La Veeduría señala que el ICBF no cumplió con los plazos legales establecidos para responder a un derecho de petición que solicitaba información sobre las medidas adoptadas en este caso. Ante esta omisión, la Veeduría se vio obligada a recurrir a otros mecanismos legales para obtener respuesta.
Aunque el ICBF informó haber activado rutas de atención, realizado valoraciones psicológicas y convocado reuniones con la menor y su madre, la Veeduría considera que estas acciones fueron insuficientes y no alcanzaron a garantizar una protección adecuada para Sara Michel.
Cuestionamientos a la actuación del ICBF
El comunicado de la Veeduría destaca cuatro puntos críticos en la gestión del caso por parte del ICBF:
🔹 Falta de medidas preventivas efectivas: A pesar de los antecedentes de vulnerabilidad, el ICBF no adoptó medidas concretas para proteger a la menor antes de la tragedia.
🔹 Deficiencia en la evaluación del entorno familiar: El ICBF argumentó que el presunto agresor no vivía en el hogar, pero la Veeduría cuestiona si se evaluaron otros posibles contextos en los que la niña podría haber estado expuesta al riesgo.
🔹 Ausencia de acciones concretas: Las entrevistas y valoraciones realizadas no se tradujeron en medidas reales de protección para la menor.
🔹 Ineficacia del sistema de protección infantil: A pesar de la coordinación interinstitucional mencionada por el ICBF, la misma no fue suficiente para evitar el desenlace fatal.
Exigen reformas y responsabilidades
Ante estas falencias, la Veeduría ha anunciado que tomará acciones legales para exigir cambios estructurales en el sistema de protección infantil. Entre las medidas propuestas se encuentran:
✅ Solicitar una revisión profunda de los protocolos del ICBF para garantizar respuestas efectivas en casos de vulnerabilidad infantil.
La Veeduría insiste en la necesidad de una actuación más rápida y efectiva en la protección de los derechos de los menores en situación de riesgo, y reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de la infancia en Boyacá y todo el país.
