Marisela Duarte, diputada de Casanare
El Tribunal Administrativo de Casanare admitió una demanda de pérdida de investidura contra la diputada Marisela Duarte Rodríguez, lo que abre un nuevo capítulo en la política departamental. La denuncia, presentada por el ex candidato a la Asamblea Departamental, Nay González, se basa en la actuación de la diputada durante la elección del secretario general de la Asamblea, proceso que se vio marcado por controversias. Duarte Rodríguez votó en contra de la recusación de un candidato señalado por su vinculación cercana con Katerin Salinas, lo que, según los demandantes, vulneraría las normas de imparcialidad y podría haber infringido el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
Este caso se vuelve particularmente relevante no solo por las acusaciones de posible violación de la ética política, sino por la figura de pérdida de investidura que busca proteger la dignidad y legitimidad de los cargos públicos en cuerpos colegiados como la Asamblea Departamental. Este tipo de procedimientos jurídicos, más allá de ser un mecanismo de control, también tiene un fuerte componente político, dado que está relacionado con la percepción de transparencia y probidad dentro de las instituciones.
La demanda también tiene una dimensión personal y política significativa, pues Marisela Duarte Rodríguez, quien fue la segunda candidata más votada en las pasadas elecciones para Gobernación de Casanare por el Centro Democrático, es esposa del senador Alirio Barrera, lo que podría agregar una capa de complejidad a la situación, ya que genera un cruce entre la política local y nacional.
Este proceso no solo podría afectar la estabilidad política de Duarte Rodríguez, sino que también pone en cuestión el funcionamiento interno de la Asamblea Departamental, la independencia de sus decisiones y el respeto por los principios democráticos que deben regir en las instituciones públicas. La resolución de este caso podría ser clave para el futuro político de Casanare, tanto a nivel local como para los intereses de los partidos políticos involucrados.
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