Salieron limpios Salomón Sanabria y sus funcionarios por el contrato para raciones de los adultos mayores en la pandemia
La Contraloría General de la Nación no encontró mérito para continuar con la investigación de responsabilidad fiscal contra Oscar Gómez Peñalosa, secretario de Gobierno de Casanare y presidente de Gestión de Riesgo del departamento, por haber firmado un contrato por $8.181.346.427. con la Fundación Emprendedores Sociales para el suministro de paquetes nutricionales para los adultos mayores durante la pandemia.
El Contrato de Suministro No. 0002 de 2020-03-27 tenía como objeto “Realizar el suministro de 33.702 paquetes alimenticios no perecederos, para beneficiar a la población adulta mayor del Departamento de Casanare, en atención a la emergencia ocasionada por el Covid-19, según medidas decretadas por el Gobierno Nacional y departamental.
El plazo de ejecución fue de un mes y la firma se hizo el 27 de marzo de 2020. Inicialmente la Contraloría aseguró que habría un sobrecosto del 29.9% por cada kit.
El pasado 3 de junio la Contraloría les abrió indagación preliminar de responsabilidad fiscal por los presuntos sobrecostos de $236.284.722, a Oscar Gómez, y al contratista Robinson Rincón (representante legal de la Fundación).
Una vez hechos los descargos y allegadas las pruebas el organismo de control determinó que no hubo daños al patrimonio del departamento.
En el resuelve la Contraloría ordena el archivo del proceso de responsabilidad fiscal UCC-PRF-056-2020, en atención a la inexistencia del daño patrimonial público, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia, en lo que correspondió al contrato de suministro No. 0002 de 2020, del cual derivó el daño inicialmente estimado por sobrecostos en la suma de $236.284.722, en favor de los siguientes vinculados Fundación Empre3ndedores Sociales, representada por Robinson Rincón, y el secretario de Gobierno y presidente de Gestión de Riesgo de Casanare, Oscar Gómez.
Mucho bombo y pataleta
Con la apertura de la investigación un gran número de medios locales y nacionales pusieron en la picota al gobernador de Casanare, Salomón Sanabria, a quien le atribuyeron sendas irregularidades.
La prensa y sectores políticos de oposición condenaron anticipadamente a Sanabria y lo señalaron como responsable de presuntos actos de corrupción.
Es claro que una vez revisado el auto de archivo, solo se vinculó en el proceso al secretario de Gobierno de Casanare, Oscar Gómez, en calidad de representante legal del Fondo de Gestión de Riesgo y al contratista, y que una vez la Contraloría analizó la documentación aportada por el Contratista y la entidad, previo análisis de costos y estudio de mercado realizado por los investigadores, pudieron constatar que los costos de los productos incluían los valores de administración, impuestos y utilidades a que tienen derecho los contratistas al hacer negocios con entidades del estado.
Por esta no se halló daño patrimonial. Es decir, no existe responsabilidad fiscal y procede al archivo de la investigación aperturada en el marco del control preferente que asumieron los tres entes de control sobre los contratos celebrados en la emergencia por covid 19
Con el PAE tampoco hubo sobrecosto
Finalmente, cabe anotar que ni la Contraloría Departamental, ni la Contraloría General de la República (CGR) hallaron méritos para avanzar en los procesos de responsabilidad fiscal que fueron anunciados y la entidad en cabeza del gobernador Salomón Sanabria, con absoluta tranquilidad y sin salir a polemizar con los entes de control, logró demostrar que las actuaciones contractuales han estado ajustadas a las normas y que los costos corresponden a los precios del mercado más los valores por impuestos, administración y utilidades.
También la semana anterior la CGR tampoco halló mérito de sobrecosto en el contrato de las raciones escolares en el marco del PAE (Programa de Alimentación Escolar) aperturado bajo Indagación Preliminar número UCC-IP-014-2020 según Auto 421 del 9 de junio de 2020.
