El Ministerio del Interior demandó al municipio de Úmbita con el fin de que se declarara el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, en un convenio suscrito por las entidades para la ejecución de un centro de integración ciudadana en el municipio demandado.
Según la demanda, el presunto incumplimiento se dio por la omisión de la entidad demandada de la remisión de los comprobantes de egreso de la suma de 1.140.000 pesos, frente a la cual el municipio de Úmbita no aportó información, por lo que se hizo imposible efectuar la liquidación del contrato.
El Ministerio pretendió la declaratoria de incumplimiento por parte del municipio de Úmbita y la condena al pago de la cláusula de incumplimiento y de la cláusula penal, así como la liquidación judicial del convenio en cuestión.
El municipio contestó la demanda justificando la inexistencia de incumplimiento, toda vez que consignó la suma indicada en cuenta de ahorros de titularidad de la demandante a título de saldos no ejecutados del convenio interadministrativo, situación que hizo saber al Ministerio en oficio radicado el 28 de marzo del 2018.
La sentencia de primera instancia decidió no acceder a las pretensiones de la demanda y declarar probada la excepción de inexistencia de incumplimiento contractual.
El Ministerio apeló y el Tribunal Administrativo de Boyacá consideró que no tenía competencia para pronunciarse frente al argumento del incumplimiento, teniendo en cuenta que el mismo fue incongruente. Lo anterior, por cuanto el recurso de alzada planteó nuevos hechos que no fueron objeto de los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda, y por lo mismo no correspondieron a los argumentos en que se basó la sentencia de primera instancia.
Fuente; Boyacá 7 Días
