En un ejercicio de control preventivo y concomitante, la Contraloría Delegada para el Posconflicto y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) evidenciaron inconsistencias y alertas en la ejecución de recursos desde el año 2012 destinados a la población víctima del conflicto por parte de entidades nacionales.
En relación con la Indemnización Administrativa a las víctimas se identificó que desde 2012 a la fecha se han realizado 823.140 giros a 782.605 víctimas por un valor de $5,5 billones.
Según la base de datos Indemniza, que concentra toda la información de las víctimas identificadas en el país, con corte a marzo de 2021, se encontraron 75 personas fallecidas incluidas como destinatarios con pagos ya realizados y que fueron cobrados con fecha de pago posterior a la fecha de su defunción por un valor de 647 millones de pesos.
No se encontró evidencia de que estos pagos, que en su mayoría se realizaron entre los años 2012 y 2014, se hayan reintegrado al identificar la anomalía.
Con un cruce entre las bases de datos Indemniza con el Registro Único de Víctimas (RUV) y la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se identificaron 665 registros de giros cobrados de indemnizaciones que suman $4.208 millones que tienen inconsistencias en los datos de nombre y apellido del destinatario.
También, se evidenciaron 289 registros de giros por valor de $1.941 millones con inconsistencias en el número del documento de identificación de los beneficiarios frente a los datos registrados en la Registraduría Nacional.
De igual manera, la Contraloría General de la República evidenció 156 registros, por valor de $801 millones, con el campo documento vacío en la base de indemnización y 10.770 registros de giros cobrados por valor de $56.696 millones que cuentan con fecha de giro o reintegro nula.
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