En la mañana de hoy, el Movimiento Causa Justa, que agrupa a 150 organizaciones y personas, interpuso una demanda ante la Corte Constitucional para solicitar la eliminación del aborto del Código Penal colombiano.
La aceptación de esta demanda por parte de la Corte es un paso hacia la eliminación de las barreras a las que se han sometido quienes deciden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) aún estando dentro de las causales establecidas por la sentencia C-355 de 2006 (cuando existe un riesgo para salud física y/o mental, cuando el feto tiene una malformación grave incompatible con la vida o si el embarazo es producto de violación o incesto, como en este caso legales).
De ser votada a favor, la eliminación del aborto como delito, también quitaría a terceros del proceso para que la mujer pueda acceder rápidamente al procedimiento médico que necesite, aliviando el riesgo sobre su salud y el cargo administrativo sobre el estado y el sistema de salud sobrecargado por la pandemia. Además, permitiría que quienes tomen la decisión de interrumpir su embarazo lo puedan hacer en las condiciones seguras y sería un paso trascendental para la defensa de la vida y la salud de las niñas y mujeres colombianas, ya que un alto porcentaje de la mortalidad materna anual se atribuye a la práctica de abortos inseguros.
Diversas fuentes estiman que en el país se realizan más de 400 mil abortos por año y que el porcentaje de estos procedimientos que se hace de forma legal no supera el 9%, además, estos se concentran en las principales ciudades. Lo que significa que más del 90% de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo se ven obligadas a recurrir a procedimiento por fuera del sistema sanitario, aún cuando sus casos están entre los establecidos por la ley.
Por eso, si la demanda es votada en contra, el Movimiento Causa Justa indica que las mujeres más vulnerables estarán condenadas a daños que van desde la esterilidad hasta la muerte, pues algunas prácticas insalubres seguirían siendo una opción para el acceso a los procedimientos. Está comprobado que la penalización no reduce el número de abortos.
