Este miércoles, en el marco del juicio disciplinario que se sigue en la Procuraduría en contra de exfuncionarios del Ministerio de las Tic por el escándalo de los Centros Poblados, la exministra de esa entidad, Karen Abudinen, testificó ante el Procurador delegado.
Abudinen afirmó que nunca dio una orden para beneficiar a ningún operador en medio del contrato por más de $1 billón para llevar internet a más de 7 mil escuelas públicas rurales del país. El contrato con Centros Poblados era un negocio por más de un billón de pesos, en el que se perdió un anticipo de 70.000 millones de pesos.
El negocio jurídico fue caducado tras encontrarse que la Unión Temporal Centros Poblados había presentado una garantía bancaria falsa para quedarse con el contrato.
«Aunque luego de la adjudicación del contrato recibimos muchas cartas haciendo advertencias, ninguna tenía una prueba contundente, y es que para poder tomar decisiones en derecho uno tiene que tener las pruebas para denunciar», indicó la exfuncionaria.
En su declaración, Abudinen además dijo que, «nunca durante el proceso tuvimos alerta sobre condiciones del pliego», sino que, dijo, solo comenzaron a tener alertas al momento de la adjudicación del mismo.
«Nunca ningún funcionario del Ministerio, ni mi secretaria, ni mi directora de contratación, me dio ninguna alerta frente a los habilitados. Nunca después de que quedaron habilitados ninguno de los otros operadores, ni ningún ciudadano mandó ninguna carta de alguna alerta de alguno de los habilitados para la adjudicación del proceso», indicó.
Así mismo, aseguró que los funcionarios públicos fueron engañados en relación a las garantías bancarias presentadas por Centros Poblados, “todo era una fachada, señor procurador, todo era mentira tras mentira, yo no soy juez para valorar nada, pero yo sí me siento engañada”.
Del mismo modo, la exministra manifestó que cuando supieron que la garantía bancaria que presentó Centros Poblados no fue expedida por el banco, actuaron de manera inmediata, «no esperamos para tomar la decisión de denunciar y abrir un proceso de posible caducidad en ese momento porque no cumplían con un requisito».
Agregó Abudinen, que el 25 de junio de 2021 se denunció a la Fiscalía y a la Procuraduría todo el escándalo una vez se enteró «el día de la audiencia pública, porque la Unión Temporal Centros Poblados no cumplió con la primera fase de instalación de los centros digitales, y se llama a audiencia de incumplimiento y ahí se presenta el Banco Itaú diciendo que ellos no expidieron la garantía, y ese mismo día, una vez fui informada, tomé la decisión de que se denunciara de manera inmediata».
Sobre cómo se dieron cuenta del engaño, la exministra declaró que las personas responsables del engaño «son tan expertos en eso que era imposible que los funcionarios públicos nos diéramos cuenta», y que dijo que solo supieron de esto tras la adjudicación del contrato.
Así mismo, la exfuncionaria aseguró que esta empresa no debería ser contratada por el Estado en ningún otro proceso y que su carrera se vio afectada por ese hecho, “estas empresas deberían salir por siempre de la contratación con el Estado… Los funcionarios públicos no podemos seguir siendo engañados, mi carrera se vio quebrantada, tenía una proyección importante”.
La investigación en la que declara Abudinen es contra Adriana Vanessa Meza Consuegra, secretaria general MinTIC; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual MinTIC; Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura MinTIC; Luis Fernando Duque Torres, representante legal UT Centros Poblados 2020; y Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio ‘PE 2020 C Digitales’, que ejerce la interventoría del contrato en mención.
Fuente; El País
