Mapiripán, ubicado al límite entre Meta y Guaviare, es uno de los municipios del país que sufrió con mayor rigor los efectos del conflicto en el país, a raíz de una masacre que originó el desplazamiento de 511 familias.
Del 15 al 20 de julio de 1997, este territorio fue escenario de la barbarie de la guerra: centenares de paramilitares venidos de varias zonas del país llegaron primero al casco urbano, y luego al rural y, con lista en mano, sacaron a quienes en su criterio eran guerrilleros o colaboradores de las FARC.
Tras torturarlos, los llevaban al matadero municipal donde los asesinaban. Hablan de descuartizamiento y decapitaciones, muchos de ellos lanzados al río.
Según el líder paramilitar Salvatore Mancuso, extraditado a Estados Unidos, la masacre de Mapiripán buscó consolidar la imagen de Carlos Castaño, luego de la muerte de su hermano Fidel. Y lo decidieron hacer en Mapiripán, un lugar al que esa organización consideraba un enclave de las FARC.
Veinticinco años después, la cifra de víctimas mortales aún es un misterio. Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 15 de septiembre de 2005 condenó al Estado Colombiano por la violación de los derechos a la vida, integridad y libertad de las víctimas, habló de 45 víctimas, los pobladores dicen que fueron más de 60.
Cecilia López, integrante de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta, dijo a Periódico del Meta que tenían una esperanza grande que desde la Comisión de la Verdad se supiera lo que pasó en Mapiripán y quienes realmente estaban detrás de este crimen y despojo.
Manifestó que hay muchas verdades que todavía faltan por salir a luz y que las víctimas del conflicto se sienten, como ella, defraudadas. «Aquí hay intereses de por medio porque en una visita que hizo la Comisión a Mapiripán, reconocieron el trabajo de una multinacional que en medio del conflicto armado, invirtió en desarrollo para estas tierras«.
Y añadió: «pero las víctimas dicen lo contrario, que gracias al dolor de ellos, al despojo de tierras y a todo lo que les sucedió, hoy esta empresa tiene una concentración de tierras muy grande en el municipio«.
López hace referencia a la multinacional Poligrow de origen italiano, a quien a pesar de que la Contraloría abrió investigación por acumulación de predios baldíos, salió «bien librada» y sin ningún tipo de responsabilidad. Hoy en día tienen 6.580 hectáreas de propiedad, todas sembradas con Palma Africana.
“A uno le da tristeza, porque para ellos (los empresarios), es el bienestar del pueblo, la economía y para nosotros fue el despojo y esos son los resultados porque nosotros no pudimos regresar mientras que hay una multinacional allá».
Fuente: Periódico del Meta
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