Rosa González* y sus cuatro hijas serán compensadas con un nuevo predio a cambio de los dos lotes que debieron abandonar por presión de las Farc Ep en la inspección de La Julia en Uribe, según lo ordenó el Tribunal Superior de Bogotá, al reconocer la condición de víctimas de las mujeres solicitantes.
En el año 2000, doña Rosa* adquirió dos predios: un lote de 738 metros cuadrados dedicado a cultivos y huerta casera y una casa lote de 280 metros cuadrados en la que construyó habitaciones y donde residía junto a sus hijos. Su tragedia comenzó cuando el mayor de ellos quien se dedicaba a movilizar personas en canoa para cruzar el rio, fue asediado por las Farc Ep que lo quería reclutar, además en 2003 siete hombres armados que se identificaron como integrantes el frente 40 de la organización guerrillera, irrumpieron en la residencia y se llevaron a la madre y a una de sus hijas, las acusaron de ser auxiliadoras de los paramilitares, las mantuvieron secuestradas por dos días y anunciaron que reclutarían a la joven.
Ante estas amenazas, la mujer y sus hijos huyeron hacia Villavicencio, pero en el año 2004 su único hijo varón fue asesinado al parecer como retaliación por negarse a pertenecer a la guerrilla. Esta situación devastó a la familia que nuevamente se desplazó hacia el eje cafetero.
Jenny Andrea Capote, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, informó que la entidad llevó este caso ante la justicia, que ordenó la restitución mediante la compensación, debido a que esta familia manifestó que no tiene deseos de regresar. Entre tanto, el Tribunal Superior de Bogotá, declaró la calidad de segundo ocupantes a quienes habitan actualmente en uno de los predios, por lo tanto seguirán residiendo en la casa lote.
Además de la compensación con una nueva vivienda en el sitio que elijan, la familia de Rosa* tiene derecho a un proyecto productico y a la oferta institucional de Estado como garantía para su reparación integral.
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