Alvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia
El juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, entra en su recta final con una profunda división entre las versiones de la defensa y las víctimas.
A lo largo de las audiencias, el país ha sido testigo de una pugna jurídica entre quienes aseguran tener pruebas contundentes de que Uribe intentó manipular testigos, y quienes afirman que el exmandatario fue engañado por su abogado sin su consentimiento ni conocimiento.
¿De qué se le acusa a Uribe?
El caso gira en torno a la presunta intención del expresidente de influir en procesos judiciales ofreciendo beneficios a testigos que pudieran desacreditar al senador Iván Cepeda. La Fiscalía, las víctimas y la defensa han presentado argumentos que reflejan posturas completamente opuestas.
Lo que dice la parte civil: “Uribe ordenó los sobornos”
Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda, señaló que existen pruebas sólidas de que Álvaro Uribe instruyó al abogado Diego Cadena para contactar e influir testigos con beneficios judiciales. Entre ellos, Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso.
“Luego de la autorización expresa de Uribe, se volvió a ofrecer a Monsalve el recurso de revisión. Esa promesa constituye soborno”, afirmó Villalba.
Uno de los momentos más críticos ocurrió el 22 de febrero de 2018, cuando Monsalve recibió una visita en la cárcel La Picota. Según Villalba, fue una acción “coordinada” para obtener una retractación mediante ofertas como mejores condiciones penitenciarias.
También se menciona que desde Neiva, Carlos López alias Caliche intentó influenciar a Monsalve. Se habría escuchado a Uribe en altavoz durante una conversación con el congresista Álvaro Hernán Prada, otro implicado.
La defensa responde: “Uribe no sabía lo que hacía Cadena”
Del otro lado, Jaime Granados, abogado defensor de Uribe, aseguró que Diego Cadena actuó por cuenta propia, sin la debida autorización ni conocimiento del expresidente.
“Cadena no informaba en tiempo real ni con anticipación. Lo que hacía lo comunicaba después, muchas veces incompleto o tergiversado”, aseguró Granados.
La defensa además cuestionó la credibilidad de Monsalve: “Fue desmentido por su propio padre y hermano. No conoce a Uribe y sus declaraciones son contradictorias”.
Respecto a una grabación presentada como evidencia, Granados denunció que fue manipulada, eliminando más de siete minutos de contenido, lo cual —según él— le resta validez jurídica.
Interceptaciones, ¿legales o violación de derechos?
Las interceptaciones telefónicas obtenidas por la Corte Suprema también son parte central del debate. Villalba defendió su uso afirmando que “la Corte ya concluyó que son legales, no hubo intención de vulnerar derechos”.
Granados, en cambio, calificó las grabaciones como una “violación al derecho a la privacidad” y pidió su exclusión.
¿Qué pasa este lunes 28 de julio?
El lunes 28 de julio de 2025 se conocerá el sentido del fallo en este proceso histórico. La jueza Sandra Liliana Heredia anunciará si considera culpable o inocente al expresidente Uribe.
Es importante aclarar que no se dictará sentencia ese día, pero sí se marcará la dirección definitiva del caso. La decisión podrá ser apelada posteriormente por la parte inconforme, recurso que sería revisado por el Tribunal Superior de Bogotá.
¿Y si no hay sentencia este año?
Existe la posibilidad de que el proceso prescriba si no se dicta una sentencia de segunda instancia antes de octubre de 2025, lo que cerraría el caso por vencimiento de términos.
Un juicio que marcará historia
Este juicio no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también políticas, sociales y simbólicas para el país. Álvaro Uribe podría convertirse en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, en un proceso que incluso lo llevó a estar 67 días en detención domiciliaria preventiva en 2020.
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