BOGOTÁ — El 5 de diciembre comienzan las audiencias orales del litigio entre Colombia y Nicaragua en La Haya, relacionadas con la “delimitación de la plataforma continental” entre entre ambos países, “más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense».
En el 2013, Nicaragua presentó dos nuevas demandas en contra de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). La primera está relacionada precisamente con la plataforma y, la segunda, por “Presuntas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios marítimos en el Mar Caribe (Nicaragua contra Colombia)”.
En esta última, la Corte aceptó tener una zona contigua integral que uniera a todas las islas en el archipiélago, y rechazó la petición que obligaba a Colombia a reconocer los nuevos límites sin un tratado conjunto; sin embargo, hizo énfasis en que la nación suramericana no podía emitir permisos de pesca en áreas adjudicadas a Nicaragua.
Argumentos de parte y parte
Los nicaragüenses buscan que la Corte les reconozca derechos sobre una supuesta plataforma continental, más allá de las 200 millas náuticas medidas a partir de su costa; es decir, el derecho a más espacio marítimo.
En este sentido, que se establezca el curso preciso o los límites de la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia en las áreas de plataforma continental, que le corresponden a cada uno, más allá de las fronteras fijadas por la Corte, en su fallo del 19 de noviembre de 2012.
Según un explicativo de la Cancillería colombiana, el país “ha esgrimido ante la Corte argumentos científicos, jurídicos e institucionales indicando las razones por las cuales la reclamación nicaragüense por una supuesta plataforma continental extendida no tiene ningún fundamento y, como tal, al no darse los presupuestos necesarios, no procede una delimitación de plataformas continentales como lo busca Nicaragua”.
Colombia, agrega el texto, demostró que tiene “plena titularidad sobre el área marítima reclamada por Nicaragua”. En este último caso, Nicaragua había presentado una pretensión en el sentido de que la Corte fijara un régimen provisional de derechos y obligaciones en el área, pero esta pretensión fue descartada por el tribunal, en la sentencia del 17 de marzo de 2016, al acoger la excepción preliminar presentada por Colombia sobre este punto.
De esta manera, tanto Colombia como Nicaragua responderán ante el tribunal por dos temas claves: los criterios definidos por el derecho internacional para determinar la delimitación del mar territorial ,más allá de las 200 millas náuticas de un país, y la determinación de las líneas base, a partir de las que se mide el mar territorial, más allá de las 200 millas que reclama Nicaragua.
Excepciones preliminares
En este caso, Colombia presentó excepciones preliminares el 14 de agosto de 2014. Entre el 5 y 9 de octubre de 2015, se realizaron las audiencias públicas orales, en La Haya, sobre dichas excepciones preliminares.
En marzo de 2016, La Corte falló sobre excepciones preliminares, le dio la razón a Colombia, pero asumió competencia para conocer el fondo de la demanda sobre las pretensiones restantes.
Sobre la pretensión nicaragüense para que se le reconozcan derechos sobre el suelo y el subsuelo marino más allá de las 200 millas náuticas desde su costa, la mitad de los jueces de la Corte le dio la razón a Colombia de que Nicaragua ya lo había solicitado y se había rechazado, lo que evitaba una nueva discusión. Pero el empate requirió el voto dirimente del presidente de la CIJ (situación que hasta entonces sólo había ocurrido dos veces en la historia), decidiendo que el tribunal sí tenía competencia para estudiar la demanda de Nicaragua.
¿Qué viene?
Durante una semana, Nicaragua y Colombia presentará oralmente los principales argumentos en los que fundamenta sus pretensiones, y lo propio hará Colombia, quien presentará sus argumentos contra las demandas del país centroamericano. Las audiencias serán públicas y serán transmitidas en vivo y en tiempo real, a través de la página de la ONU.
Según la cancillería Colombia, hasta que no finalicen las audiencias orales, los Estados permanecen en total reserva para no afectar la estrategia jurídica de cada parte.
El equipo jurídico de Colombia estará liderado por el agente Eduardo Valencia-Ospina, agente; los coagentes Carolina Olarte Bácares y Elizabeth Taylor; el asesor Gabriel Cifuentes, asesor y Andrés Villegas Jaramillo, Coordinador de asuntos ante la CIJ, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Se espera que la Corte anuncie los pasos a seguir en el desarrollo del proceso, de acuerdo con su calendario y procedimiento. El fallo de la Corte podría tomar varios meses.
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