La Fiscalía es superpoderosa y con muy pocos controles
El poder de la Fiscalía y del Fiscal es muy grande: alrededor de 25 mil funcionarios bajo su mando,1 un presupuesto este año de 2,9 billones (2.754.000 millones de funcionamiento y 128 mil millones de inversión) y para el próximo de unos 3,1 billones, y la capacidad de acusar a los colombianos que no tienen fuero especial.
Sin embargo, con una tutela interpuesta y ganada por Montealegre logró que la Corte Suprema y luego la Constitucional blindaran al Fiscal y a los altos magistrados de investigaciones de la Contraloría. También está blindado del control político del Congreso porque la Corte Constitucional ha dicho que el Congreso no tiene competencia para hacerle debates de control político al Fiscal General.
Así las cosas, blindado de control fiscal y político, la única entidad que podría investigar los contratos hechos por el Fiscal a dedo y determinar si obró o no conforme a la ley es la inoperante Comisión de Acusaciones que existirá hasta junio del próximo año cuando la reemplazará la nueva comisión de aforados.
El Fiscal contrató a ex magistrados que votaron a su favor en el Consejo de Estado
En abril de 2013 cuando Montealegre llevaba un año largo como Fiscal, el Consejo de Estado decidió que el período de este iba hasta el 2016 y no hasta el 2014.
La discusión, que en términos técnicos se daba sobre si el período de cuatro años de los fiscales generales es personal (es decir, si se empieza a contar cada vez que es elegido uno) o institucional (si cada cuatro años se debe elegir un nuevo Fiscal, sin importar cuántos hay en ese período por motivos como la renuncia de uno), no era sencilla y de hecho el Consejo de Estado acumuló cuatro demandas, dos que apoyaban cada tesis. Al final decidió que era personal, lo que permitió que Montealegre se quedara tres años más.
De los 20 consejeros de Estado que defendieron esa posición (otros tres salvaron su voto) ocho han salido desde entonces de ese alto tribunal. Y desde entonces Montealegre contrató, de forma directa, a la mitad de éstos, según los datos de El Espectador y de Caracol Radio, lo que ha dado para pensar que fue una forma de ‘pagarles’ ex post el voto a su favor.
Son Susana Buitrago (quien fue la ponente de la sentencia), cuya nueva firma de abogados Montealegre contrató por 174 millones de pesos; Enrique Gil Botero, quien fue contratado por 751 millones de pesos; Bertha Lucía Ramírez, quien recibió uno por 345 millones; y Alfonso Vargas Rincón (quien era Presidente del Consejo de Estado cuando salió la sentencia), por 517 millones.
Montealegre explicó en una entrevista con Cecilia Orozco que los contrató para que ayudaran a defender a la Fiscalía de demandas en su contra: a Gil lo contrató como asesor en asuntos de responsabilidad contractual y prevención del daño antijurídico; a Buitrago y Ramírez para la defensa por acciones constitucionales y de tutelas; y a Vargas para implementar la carrera administrativa.
El contrato con Natalia Springer es atípico
El millonario contrato que recibió la empresa de la politóloga y ex analista periodística de la FM Natalia Springer es atípico en varios sentidos: es por un monto muy superior al de los demás asesores externos; hicieron una excepción con los requisitos para contratarla; el Fiscal General asumió su supervisión directamente; el Fiscal se ha negado a hacer público el contenido del contrato.
Como contó Semana, en 2013 la empresa Springer Von Schwarzenberg Colsulting Services S. A. S., fue contratada por 895 millones de pesos para asesorar al fiscal general de la Nación en el procesamiento de datos de crímenes internacionales cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia.
Una fiscal de la Unidad Nacional de Análisis y Contextos, encargada de supervisar ese contrato, concluyó que el informe de Springer no cumplía con las obligaciones estipuladas en el contrato.
“A pesar de esa evaluación, la Fiscalía no solo autorizó el primer pago del desembolso sino que le otorgó un nuevo contrato en 2015 por 3.085.600 millones para hacer un trabajo similar con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ELN y las bacrim”, según Semana.
El monto que ha recibido la empresa de Springer por esa asesoría es muy superior a todos los demás contratos ya que -a excepción del de la fundación del famoso juez español Baltasar Garzón que recibió más de 1.300 millones- ninguno supera los 800 millones (y la mayoría están entre 100 y 300), a pesar de que varios de los contratados son ex magistrados muy costosos como Manuel José Cepeda.
También es atípico el contrato porque, según reveló Semana, “dado que la firma consultora de la Springer no llenaba los requisitos para recibir semejante monto, pues había sido creada dos años antes, se asumió que su experiencia personal subsanaba la falta de idoneidad de la firma. Los críticos han interpretado esto como una prueba de que la intención era otorgar el contrato a dedo.”
Por último, es atípico que cuando el director de la Unidad Alejandro Ramelli renuncia, el Fiscal General asume directamente la supervisión del contrato.
Frente a esto último, el Fiscal explicó : “Asumí directamente la supervisión de los contratos celebrados con la politóloga y académica Springer, pero ello se debió específicamente a que varios de los puntos analizados por la contratista estaban muy ligados a temas que, de acuerdo con la reestructuración, hacen parte del área estratégica de la entidad y por lo tanto, asignados al fiscal general Sin embargo, que fuera el Despacho quien asumiera la interventoría de los contratos no puede significar que los contratistas carezcan de control y de supervisión”.
Al Fiscal no le basta con una oficina de prensa
La Fiscalía siempre ha tenido una oficina de prensa para difundir su trabajo, pero con Montealegre la apuesta va más allá: no solo tiene dos asesores en comunicación política sino que hará documentales y montó un programa de televisión.
“Además de los reportes tradicionales de las investigaciones penales en grandes casos, la Fiscalía está preparando materiales audiovisuales como complemento informativo sobre todo los que tienen que ver con violaciones masivas a los derechos humanos”, explicó el Fiscal en su entrevista con Cecilia Orozco. “Será un archivo invaluable para reconstruir la historia del país en el posconflicto”.
Para asesorar la elaboración de 10 documentales contrató a Eccehomo Cetina, quien como periodista se ha dedicado a hacer crónicas, algunas de ellas en televisión. Por ejemplo, trabajó en el programa Séptimo Día y dirigió Crónicas RCN durante los dos años que duró ese programa y hasta principios de este año.
Su contrato después de que salió de RCN, por 445 millones de pesos, tiene como objeto: “prestar apoyo, acompañamiento y asesoría en la elaboración de especiales que permitan la socialización de temas de alto impacto y mostrar el trabajo investigativo de la Fiscalía”, aunque solo le pagan cuando entregue los documentales, y a poco más de 44 millones de pesos cada uno.
Y, en paralelo, contrató al presentador y productor Rafel Poveda, quien por 188 milllones de pesos hace el programa de televisión “Fiscalía para todos».
Otro de los contratados es Jhon Álvarez, quien más que periodista es consultor en estrategia política muy cercano a César Gaviria y quien en los años recientes ha sido asesor de comunicaciones de otras entidades como la Registraduría y las superintendencias de servicios Públicos y de Transporte. Montealegre lo contrató por 180 millones de pesos para que lo asesore.
Para “apoyar y asesorar al Fiscal y vicefiscal en temas de divulgación” (es decir, para posicionarlos mejor en los medios) la Fiscalía contrató a Camilo Chaparro, el ex jefe de emisión del noticiero del medio día de RCN que salió hace poco como parte de los cambios tras la llegada de Claudia Gurisatti a ese canal, y quien también asesora al vicepresidente Germán Vargas. En su caso, el contrato es por casi 186 millones de pesos.
El Fiscal le ha metido tiempo y plata a pensar la justicia transicional
Desde que arrancó el proceso de negociación con las Farc, el fiscal Montealegre ha asumido el tema de la paz como una de sus banderas y como contó La Silla con sus pronunciamientos -incluso sobre temas que no son de su competencia como el de la refrendación- le ha pavimentado el camino al Presidente Santos que parece tímido en sus propuestas en comparación con lo que dice Montealegre.
Según ha explicado el Fiscal, varios de los contratos han sido para asesorarse en temas relacionados con el proceso con las Farc y en particular con la justicia transicional.
La pregunta que surge es si toda esta inversión en la justicia transicional será aprovechada en función del proceso de paz si se crea un tribunal especial y si este trabajo se hace coordinadamente con los negociadores en la Habana. Según lo ha podido verificar La Silla, en algunos sectores del Gobierno, sienten que el trabajo del Fiscal en esta área hace más mal que bien al proceso de paz.
La reestructuración de la Fiscalía se hizo a pesar del Minjusticia
Aunque el fiscal Montealegre se ha dado a conocer públicamente por otras cosas, internamente ha propiciado todo un revolcón en la Fiscalía para modernizar la entidad, lo que implicó una nueva arquitectura institucional. Esta reforma se hizo vía decretos-ley firmados por el Presidente Santos.
A partir del escándalo de los contratos, el Fiscal Montealegre contó que esta megareforma se hizo sin el visto bueno del ministro de la época Alfonso Gómez Méndez, quien se oponía a ella. Como el presidente Santos sí estaba de acuerdo, Gómez Méndez decidió ausentarse un día, y entonces el encargado de firmar el decreto con el Presidente fue el viceministro Miguel Samper.
La Dirección de Análisis y Contexto tiene limitaciones
Como contó La Silla en 2012, una de las grandes innovaciones de Montealegre en la Fiscalía fue la creación de la Dirección de Análisis y Contexto, integrada por cientos de analistas, violentólogos, historiadores, abogados y economistas, para que a través de ella la Fiscalía pudiera entender los grandes fenómenos de criminalidad y poner ese conocimiento al servicio de casos penales concretos.
Su labor es revisar los contextos delictivos, identificar el accionar de los grupos, los patrones de violencia y con todo esto facilitar la priorización de los casos, otro de los ejes nuevos que introdujo Montealegre a la investigación penal.
Sin embargo, y pese a ser esta Dirección uno de los ejes de la modernización de la Fiscalía, es la firma de Natalia Springer la que -según el Fiscal General- entregará “un documento de 630 páginas que contiene el análisis de las políticas y patrones del estado mayor y del Secretariado [sobre secuestro y reclutamiento de menores]. Es una caracterización detallada de su estructura y un primer estudio sobre máximos responsables.”
Si la Fiscalía tiene que pagar 4 mil millones para entender el contexto de dos de los crímenes internacionales más graves de las Farc, surge una inquietud sobre la verdadera capacidad instalada que tiene la Dinac.
La Fiscalía se dedica a acusar pero gasta millones defendiéndose
El Fiscal explicó que la mayoría de los contratos a los ex consejeros de Estado (que votaron a favor del período personal del Fiscal que le permitió quedarse otros tres años en la Fiscalía) era para que ayudaran a responder las demandas contra la Fiscalía ya que los 30 abogados de planta no dan abasto..
El dato que dio es asombroso: dijo que en la última década las demandas contra la Fiscalía se estiman en $35 billones de pesos. “Ese es el valor de las pretensiones económicas de más de 14 mil procesos interpuestos contra la entidad. Si no atendemos adecuadamente esos casos y los perdemos, tendríamos que entregar el equivalente a casi nueve años del presupuesto de la Fiscalía, sin contar indexaciones ni intereses. Es una deuda que el Estado no puede pagar.”
Dijo que a la fecha, la Fiscalía tiene 2.880 procesos perdidos cuyo valor es, a precios de hoy, de $500 mil millones, sin contar intereses.
El uribismo se anota un gol contra el Fiscal
Si hay un grupo que puede capitalizar políticamente este escándalo son los uribistas. El Centro Democrático está moviéndose para obligar al Fiscal -a quien acusan de perseguirlos políticamente- a ir al Congreso a un debate de control político. Aunque Montealegre ya dijo que no iría, la revelación de estos contratos es un golpe grande para su credibilidad justo cuando penden procesos muy delicados contra ex funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe.
Los fiscales anteriores hicieron poco y mal
En su defensa, el fiscal Montealegre reveló un dato que La Silla no pudo confirmar pero que si es verdad es muy grave para el país y para el periodismo judicial, que tampoco lo investigó.
Según dijo el Fiscal en su entrevista con El Tiempo, cuando llegó a la Fiscalía encontró una entidad “sitiada por el caos. De Viviane Morales heredamos la portentosa sombra de Carlos Alonso Lucio, quien con su impecable catadura ética irradió a la Fiscalía General de la Nación. Alfonso Gómez Méndez, además del himno y el fortalecimiento inusitado de su oficina de abogados, no dejó prácticamente nada. En ese contexto, nos hemos encargado de poner la casa en orden y de construir una Fiscalía moderna dotada de mejores herramientas para hacer frente a los retos criminales. El periodo en que estuvo Martha Lucía Zamora nos dejó como legado el acuerdo con los Nule, pactado también con la administración de Morales, que fue necesario revocar apenas llegamos.”
