La vía del miedo que podrá ser una ruta a la esperanza

Por Luis Martin Mesa / COLOMBIA CHECK

“La culpa de la violencia no fue de las carreteras… sino de la gente que les dio mal uso… por eso no pienso en esa vía como algo que nos trajo desgracia sino como una salida a la paz y al desarrollo”, afirma Fredy Hernán Valero, un dirigente cívico que en 2014 demostró que en Chámeza las secuelas de la guerra aun tocan a la puerta de sus paisanos. Lo afirma tras intervenir en cinco encuentros del “comité de impulso” que la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas convocó entre julio y octubre de 2014, como parte del proceso de declaratoria del municipio como sujeto de reparación colectiva por los impactos del conflicto.

Hoy, casi cuatro años después de dicha declaratoria (resolución # 2014-727884 del 26 de diciembre de 2014) y más de dos de la firma de los Acuerdos de Paz del gobierno con las FARC (en noviembre de 2016), el dirigente cívico se refiere como “vía a la paz” al proyecto de pavimentación de 4,2 kilómetros de la carretera que conduce desde Chámeza hasta el río Upía, en la ruta hacia Páez (Boyacá). Una obra que, a un costo de 14.226 millones de pesos, en la actualidad representa el único proyecto aprobado para Casanare, fruto de la implementación de dichos acuerdos.

Ningún otro municipio de Casanare, ni siquiera el vecino Recetor, aparece con algún proyecto de infraestructura aprobado, confirma el Secretario de Gobierno departamental, Milton Álvarez Alfonso. El proyecto de Chámeza fue aprobado en el OCAD Paz, mediante Acuerdo No. 2 de diciembre de 2017, dice un documento oficial de la Gobernación de Casanare. Este OCAD (Órgano Colegiado de Administración y Decisión), es la instancia del Sistema General de Regalías (SGR) que viabiliza y aprueba proyectos de inversión financiados con recursos de regalías, para implementar el acuerdo de paz. El presupuesto de esta entidad para ejecutar proyectos entre 2017 y 2018, según Ministerio de Hacienda, es de 1,7 billones de pesos.

Camino hacia la paz…

Una empinada y pedregosa carretera de 34,1 kilómetros conduce a las veredas Barriales y Tegüita Alta y Baja (en Chámeza). También comunica a este municipio con el departamento de Boyacá, a través de una cadena de montañas que flanquean el paso del río Upía. Por esta misma vía, desde 1992 llegó el terror de los paramilitares que, a sangre y fuego, quisieron erradicar la presencia que desde los años 80 mantuvieron las FARC y el ELN. Estas guerrillas llegaron atraídas por la expectativa petrolera en el piedemonte de Casanare, para establecer un corredor estratégico de lucha insurgente, refiere CINEP en su documento “Exhumando el genocidio”.

Por esos años no existía aquella vía (la de Páez) ni la “principal”: la carretera que comunica a Chámeza con su vecino Recetor y con San Benito, sitio de conexión con la ruta que lleva a Sogamoso o Yopal. Es decir, “La presencia de la guerrilla la vivimos abandonados del Estado… fuimos estigmatizados y nos empezaron a rotular como `pueblos guerrilleros’”, recuerda Freddy Hernán Valero, al calificar la actitud del gobierno hacia su municipio, constituido desde 1429 con el nombre de un cacique dominante y en un asentamiento de indígenas achaguas y cusianas. Ya en el siglo XX, después de la violencia de los años 50, fue reconstruido en el sitio que hoy se le conoce.

A la presencia de la guerrilla, el Estado respondió con refuerzos militares, para respaldar la lenta construcción de vías como la apertura de la carretera entre San Benito a Chámeza “para lo cual el Ejército instaló una base militar en el sitio Las Cruces, por allá en 1988, porque ellos traían la maquinaria para abrir la trocha”, refiere Fredy Hernán Valero. Esa tensión entre los grupos guerrilleros y el Ejército se rompió el 30 de octubre de 1989, cuando militares secuestraron y dieron muerte a los hermanos Jairo Antonio y Luis Álvaro Acosta Cely, días después de que los guerrilleros habían dado muerte al teniente que comandaba a los militares que construían la carretera.

Desde ese día, la población estimada en unos 1.380 chamezanos empezó a sentir el rigor de una guerra que los empujó a límites desesperantes. Además de quedar en medio del conflicto entre Ejército y guerrilla, pronto llegaron los paramilitares por la ruta de Páez.  Sin respeto por la población civil, comenzaron a sembrar el terror, como el 22 de marzo de 1992, cuando más de 50 paramilitares irrumpieron en el pueblo y, luego de amarrar al líder campesino Hostilio Salamanca a un poste, lo ejecutaron.

Así las cosas, con la presencia activa de las FARC en las montañas chamezanas a través de los frentes 28, 38 y 56; del ELN con los frentes Los Libertadores, José David Suárez y José Domingo Laín; y de la contraofensiva paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), cooptadas luego por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Bloque Centauros, impusieron en los campos una tragedia que afectó a más de la mitad del pueblo chamezano.

Oficialmente, el impacto del conflicto sobre la población civil se situó en un 60 por ciento. Un informe del Ministerio de Salud divulgado en 2015, que cita cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), establece en un 61,6% el índice de víctimas. De igual manera, un porcentaje similar (60% como blanco de desplazamiento forzado) reportó un informe del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República, publicado en 2006. Hoy, en las calles de Chámeza, se afirma otra cosa y muchos de sus habitantes sostienen que la victimización estuvo por encima del 90%.

Con la agudización del conflicto entre guerrilla, Ejército y paramilitares, el municipio comenzó a aportar al país más de un rosario de víctimas, más de 70 muertos y desaparecidos, según registro del Centro de Memoria Histórica y el CINEP. En la actualidad, sus nombres se leen en una placa de mármol que se instaló frente a la iglesia, en el parque principal, a 20 metros de una ceiba gigantesca. El mismo sitio donde, a la fuerza, los paras y la guerrilla convocaban a la comunidad entre 1986 y 2007, luego de sacarla de sus casas bajo la amenaza de los fusiles.

En 2001, el periódico EL TIEMPO registró un desplazamiento de 305 personas desde Chámeza, para huir de los enfrentamientos entre FARC, ELN y paramilitares. Entre los muertos que el conflicto armado dejó en el municipio, se cuentan, por ejemplo, la primera alcaldesa popular, Flor Delia Roldán Ramírez, a quien mandó matar un comandante del ELN conocido como ‘El Alicate’. El crimen se perpetró el 13 de enero de 1994 cuando estaba sentada en el escritorio de su despacho en la alcaldía.

A la muerte de Roldán se sumaron otras. En 2004, asesinaron al entonces alcalde, Luis Zorro, junto al concejal Siervo León Plazas. Esta vez, a manos de paramilitares. La tragedia de la comunidad y la de sus veredas anexas, así como la  de su vecino municipio de Recetor, quedó marcada entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, cuando desaparecieron a más de 50 personas.“Usted se equivoca cuando dice que en cada casa o cada finca puede hay una víctima de la violencia. Diría que pudo haber hasta dos. No niego que otros municipios hayan sufrido la violencia, pero creo que por el impacto de la nuestra merecemos mucha inversión”, dice Fredy Hernán Valero.

Aunque reconoce el esfuerzo de las autoridades chamezanas y el aporte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, creada en enero de 2012 para brindar atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto, insiste en que hay una deuda con Chámeza, por todo lo que sufrió por cuenta de los actores del conflicto armado. Una violencia que llegó a tal límite que el 26 de diciembre de 2014, en una resolución de siete folios, la Unidad declaró al municipio sujeto de reparación colectiva. Eso significa el deber de las autoridades de ofrecer mecanismos de reparación para satisfacer no solo a las víctimas individuales sino al conjunto de la comunidad. La Unidad ha estimado el monto de esa reparación en 35 mil millones de pesos.

“Claro que ahora gozamos de paz, pero en los tiempos de la guerra, cuando hubo auge de dinero en Casanare, por aquí no podía venir la inversión porque predominaba la violencia. Ahora se han hecho inversiones, pero nos merecemos más…”, recalca Valero. Una opinión que comparte Bernardo Pérez, joven alcalde de Chámeza que hoy despacha en el mismo viejo edificio donde sus antecesores vivieron momentos de zozobra. “El único proyecto, producto de los acuerdos de paz, es la pavimentación de la vía. Ahora estamos ‘madurando’ otro por unos cinco mil millones para beneficiar a tres veredas con recursos para mejorar vías por el sistema ‘placa-huella’”, dice Pérez.

Sobre el flujo de estas partidas, Pérez agrega que, aunque respeta los procedimientos del acceso a los recursos del posconflicto, le parece injusto el tratamiento que se da a los municipios que, como el suyo, recibieron el impacto de la violencia. “Para un municipio tan golpeado, el acceso debería ser más sencillo. Pero el gobierno priorizó a tantos que, cuando se creó el Programa 50/51 para los más afectados por la violencia, Chámeza no entró. No es algo nuevo: cuando el gobierno saca una convocatoria, nos pone a competir con 1.100 municipios para asignar recursos para 50 u 80 proyectos. Definitivamente esto es de ‘movernos’ o no hacer nada”, añade resignado y concluye que, a pesar de la violencia, no hay ninguna prioridad frente al resto del país.

Proyectos de paz: en el pantano de la tramitología

La orfandad de recursos de inversiones de paz que presenta Chámeza es común al resto de localidades de Casanare. Aunque 14 de los 19 municipios del departamento fueron  incluidos en el decreto 1650 de 2017 que creó las llamadas ZOMAC (Zonas más Afectadas por el Conflicto), y se diseñaron mecanismos de inversión en proyectos de paz como el programa “Obras por Impuestos” (OxI), y beneficios tributarios, los alcaldes opinan que la tramitología ha empantanado los intentos de las entidades territoriales del Casanare por acceder a recursos del llamado “posconflicto”.

“Son trámites muy engorrosos. Yo me cansé de presentar proyectos. Por ahí debe haber algo propuesto, pero a cada rato piden ajustes y correcciones y, para un municipio como el mío, con tan baja disponibilidad de recurso humano y de presupuesto, es difícil dedicar a una persona de la administración a que formule, tramite y saque adelante un proyecto”, afirma Reynaldo Emel Chaparro, alcalde de La Salina. Un documento de diagnóstico de atención a víctimas realizado en 2015 por la alcaldía refiere que, en dicho municipio, limítrofe con Boyacá y Arauca, entre 1985 y 1990 sufrió la irrupción del ELN y las FARC, y que se disputaron el dominio territorial hasta la reinstalación de guarniciones militares y de Policía, a comienzos de 2000.

En el caso de los proyectos de Obras por Impuestos (OxI), de 599 registrados se aprobaron dos: uno para Arauca y otro para Meta. Ninguno para Casanare. El gobierno califica como “innovador” el mecanismo que adoptó con la reforma tributaria de 2016 que permite el pago del impuesto de renta mediante la ejecución de inversiones en proyectos de trascendencia social en las llamadas ZOMAC. Sin embargo, en el caso de Casanare, las cifras no son optimistas y dan la razón al alcalde de La Salina. Todos los proyectos se han devuelto. Se presentaron 14 iniciativas de educación, energía, vías e infraestructura deportiva por parte de siete municipios ZOMAC y la gobernación de Casanare, que en conjunto plantean inversiones por $40.359 millones.

Ante un derecho de petición presentado para la realización de este trabajo periodístico, la alcaldía del municipio de Aguazul respondió que “no ha recibido recursos para el desarrollo de proyectos de implementación con recursos del acuerdo de paz en el territorio”, pese a que también sufrió el flagelo del conflicto. En concreto, en diciembre de 1993 –un mes antes del homicidio de la alcaldesa de Chámeza– fue asesinado el entonces mandatario aguazuleño Juan Hernando Urrego. Además, en dicho municipio, diez años después de este asesinato, el Ejército fue protagonista de varios casos de los que después fueron calificados como “los Falsos Positivos”.

En Casanare se atiende a 63 reincorporados de las FARC

Un aspecto por evaluar lo representan los proyectos que proponen las entidades territoriales para atender a los excombatientes. La Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), que en Casanare dirige la profesional Paola Condía, confirmó que 51 hombres y 12 mujeres, todos excombatientes de las FARC, residen actualmente en 13 municipios del departamento y reciben la atención prevista en el punto 3.2 de los acuerdos entre el gobierno y dicha organización. Dicho apartado contempla todos los procesos políticos, económicos y sociales de la reincorporación de los excombatientes en su proceso de retorno a la vida civil.

En Casanare no operó una de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), que luego pasaron a llamarse Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR. No se hizo por una férrea oposición del gobierno local y de los sectores del poder “criollo”, es decir, por sectores que hoy representan el gobierno departamental y el uribismo político casanareño. Sin embargo, la movilidad de los excombatientes tras los acuerdos de Paz ha traído a más de 60 de ellos al departamento. “Ahora lo que queda es convocar a que las entidades incluyan a la población reincorporada en sus planes de desarrollo para articular la política de reintegración”, expresa Paola Condía.

La funcionaria reconoce que los mayores avances en cuanto a programas se han logrado en las alcaldías de Sácama, Paz de Ariporo y Yopal, eso sí, con recursos propios y buscando apoyo en iniciativas privadas. “Los únicos recursos con los que contamos es con dineros propios de la ruta de desmovilización contemplada en los acuerdos; y con los entes territoriales que aportan recursos propios. Hemos logrado tener un aliado que está apoyando el tema de reincorporación y ha sido EQUIÓN ENERGÍA, que hoy aporta al tema de reincorporación con acompañamiento técnico, a través de su programa ‘Emprende con Equión’ “, agrega.

En síntesis, los únicos recursos de los que dispone la ARN para atender “compromisos de paz”, son dos millones de pesos de asignación única, el pago mensual del 90% del salario mínimo mensual que se paga a los excombatientes, y ocho millones de un proyecto productivo que el acuerdo de paz contempla como estímulo económico para cada reincorporado de las FARC y que, en el caso de Casanare, reciben los 63 excombatientes registrados en el departamento.

Para Enrique Galán, director de la ONG “Casa de Paz”, que lleva más de 15 años planteando reflexiones en torno a ejercicios de paz y convivencia en Casanare, el problema va más allá de los recursos. En su criterio, la dificultad en Casanare es que no se ha consolidado la “paz territorial” porque una cosa fue la negociación y firma de los acuerdos, pero otra es el “aterrizaje” de esos compromisos en las regiones. “El gobierno Santos creó los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, a través del decreto 893 de 2017, y priorizó 170 municipios de 16 zonas afectadas por el conflicto, pero no quedó ninguno en Casanare porque los dirigentes no quisieron, lo vieron como una amenaza”, asegura.

Sobre la disponibilidad de dineros “para la paz”, Galán sostiene que “por lo menos el gobierno actual departamental tiene panorama financiero favorable por el tema de asignación de recursos. Entonces es posible dar un salto cualitativo. Pero la pregunta es: ¿a qué agenda le vamos a meter todas esas oportunidades si no la hemos construido?”. Un ejemplo es la ordenanza 017 del 21 de septiembre de 2017 que, por disposición de la Asamblea de Casanare, creó el Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia y le asignó la función de ser el motor para la promoción de la cultura de paz departamental. Sin embargo, no le dieron recursos.

“A la fecha, que yo sepa, no se ha creado ese Fondo Especial de Programas para la Paz que quedó comprometido en la Ordenanza”, advierte el diputado Manuel Enrique Albarracín, uno de los 30 integrantes de la Mesa. A su vez, Julio Molano, Secretario de Hacienda de la Gobernación, confirmó que el Fondo no está creado y que para 2019, en el presupuesto que se acaba de presentar para aprobación de la Asamblea de Casanare, tampoco está contemplado.

“Buscamos recursos sin necesidad de una Zona Veredal”: Gobernación

A pesar de la escasez de recursos para atender los desafíos de la implementación de los acuerdos de paz en Casanare, el Secretario de Gobierno Departamental, Milton Álvarez Alfonso defiende la decisión de haber rechazado la instalación de una Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) en el territorio. Para él, le ahorró problemas a Casanare. “Es que donde hay esas Zonas es donde más se están presentando problemas de disidencias e influencia de esos grupos marginales. No hubo zona pero tampoco tenemos esos problemas”, puntualiza.

El funcionario ratifica que el único proyecto que cuenta con recursos del gobierno es la pavimentación de los 4,2 kilómetros de la vía de Chámeza a Páez, a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD-PAZ). “Del nivel nacional no ha llegado ningún recurso para estos temas”, ratifica. Y luego agrega que, aunque están siendo priorizados los departamentos que tuvieron o tienen esas zonas, “una cosa compensa la otra: de una u otra manera con esas zonas también es marcado el tema de las disidencias y de otros fenómenos como los cultivos ilícitos y demás”.

El secretario de gobierno Milton Álvarez insiste en que se tiene un diseño de programas de atención a las víctimas con recursos propios que incluso fue reconocido por el gobierno debido a la seriedad de su planificación. Se trata del proyecto “Implementación y articulación para la construcción de la paz en el departamento de Casanare”, con tres componentes: apoyo a la estructuración de proyectos empresariales y productivos para generar ingresos a la población víctima del conflicto, que incluye impulsar 258 unidades productivas en ocho municipios; implementar una política pública inclusiva y participativa; y prestar apoyo y asesoría legal a los reinsertados.

El presupuesto asignado es de $2.577 millones, aunque el funcionario no tiene   la cifra del conjunto de inversiones para atender el posconflicto con recursos del departamento. Al momento de esta entrevista, su respuesta fue: “la cifra global no la tengo en la cabeza”. Respecto a la falta de una Zona Veredal, el gobernador Josué Alirio Barrera, agrega: “lo que buscábamos es que esto no se nos volviera un desorden… Que después de que hemos logrado una ‘frontera de seguridad’, esto pudiera coger la dinámica de violencia que tuvo en años anteriores. Por eso el departamento se opuso a estas zonas…  pero seguimos gestionando recursos”.  No obstante, la realidad es que se mantiene sin pagar la deuda con quienes sufrieron los rigores del conflicto.