El Contralor Felipe Córdoba acaba de visitar este monumento a la corrupción, sobre el cual el organismo de control adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por $6.392 millones
Un Megacolegio con el que se pretendía beneficiar a 1.060 estudiantes del municipio de Paz de Ariporo (Casanare), se ha convertido en otro de los elefantes blancos que conforman una manada de obras inútiles en este departamento. Hoy, hace unos minutos, fue visitado por el Contralor General de la República, Felipe Córdoba.
Es un proyecto que inició hace 10 años, con un contrato donde reinó la falta de planeación, al no contar con licencia de construcción al inicio de las obras.
A esto se suman las suspensiones de obras debido a problemas en las redes de servicios públicos, eléctricas y sanitarias. Ha tenido 22 suspensiones por 22 meses y 20 días, por dificultades en el terreno, fecha desde la cual la obra se encuentra abandonada
Así quedó establecido en el informe técnico adelantado con ocasión del proceso de responsabilidad fiscal que avanza en la Contraloría, por $6 mil 392 millones, en el que figura como presunto responsable, Rodrigo Flechas Ramírez, quien se desempeñó como jefe de la Unidad de Contratación de la Gobernación de Casanare.
También están vinculados al proceso, en la misma calidad de presuntos responsables, Judith Remache Pérez (Profesional de Apoyo) y Milton Sanabria Ortiz. Este último fungió como Secretario de Educación de Casanare. Ambos participaron en la elaboración y aprobación de los estudios previos del contrato, respectivamente. Igualmente, el contratista, la Unión Temporal Mega Paz.
Este proceso fiscal se encuentra en etapa probatoria.
El Megacolegio que se encuentra en total abandono, fue construido a unos metros de una laguna de oxidación por lo que no contó con licencias ambientales, y presentó falencias en los diseños que afectaron la ejecución del contrato de obra, lo que hace que sean notorias las deficiencias constructivas.
En el proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta, la Contraloría General presume que el contratista no cumplió con la totalidad de las obras, por las que se pagaron cuantiosos recursos públicos provenientes de las regalías petroleras, sin que esto represente un beneficio para suplir las necesidades de la región y la comunidad estudiantil.
