Los periplos del excomandante de las FARC Jesús Santrich llevan más de un año repercutiendo en el desarrollo del proceso de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla.
En menos de dos meses, el excombatiente de salió de prisión, donde permanecía desde abril de 2018 por un presunto de delito de narcotráfico. Tomó posesión de su escaño en la Cámara de Representantes, lo que multiplicó la tensión en el Congreso, y el fin de semana abandonó su programa de seguridad y desapareció. Seuxis Paucias Hernández Solarte, su verdadero nombre, es reclamado por la justicia de Estados Unidos con la acusación de conspirar para exportar 10 toneladas de cocaína a ese país. Se encuentra a la espera de que la Corte Suprema dilucide su situación judicial. Su posible fuga hace ahora saltar todas las alarmas y, una vez más, golpea la aplicación de los acuerdos alcanzados en 2016 por el expresidente Juan Manuel Santos.
La formación se apresuró a pronunciarse también sobre Santrich, que desapareció cuando se encontraba en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de excombatientes de Tierra Grata, en el departamento del Cesar (Caribe). A través de un comunicado, le pidieron «reafirmar con su presencia, en los escenarios que le fueron asignados por la dirección del partido, los compromisos adquiridos en sus años de militancia revolucionaria y en virtud del acuerdo de paz». La FARC recuerda que siempre le ha respaldado y ha defendido su presunción de inocencia ante la acusación de narcotráfico. No obstante, advierte de que «si algún militante decide ponerse al margen del proceso o, luego de la entrada en vigencia del acuerdo, asume conductas que lo pongan fuera de la ley, debe asumir sus consecuencias tal y como está redactado en el texto que firmamos con el Estado».
La inquietud política que en las últimas semanas ha generado la figura de Santrich quedó reflejada en la imagen de su estreno hace semanas en el Congreso, donde la organización, según lo pactado en La Habana, cuenta con diez escaños garantizados repartidos entre Cámara y Senado durante dos legislaturas. Decenas de representantes, del Gobierno y también de la oposición, le recibieron con carteles que le señalaban como elemento perturbador de los acuerdos de paz. Con estas premisas, el propio presidente colombiano, Iván Duque, quien le ha calificado en repetidas ocasiones de «mafioso», aseguró que las autoridades harán respetar el Estado de derecho.
«Ver a una persona con semejantes características, abandonar su esquema de seguridad, violando los protocolos de la UNP [Unidad Nacional de Protección], violando los protocolos de seguridad, solo muestra que su deseo es eludir la justicia”, manifestó el mandatario. Recordó que “tiene un llamado por parte de la Corte Suprema de Justicia a indagatoria, ahora, en los primeros días de julio». La misión de verificación de Naciones Unidas se unió a las voces que lamentan la desaparición de Santrich, expresó su «preocupación» por su decisión y le exhortó que cumpla con sus obligaciones.
Además del caso específico por el que un juzgado de Nueva York solicitó su extradición, todos en Colombia conocen a Santrich por unas palabras pronunciadas en 2012 en el marco de una de las primeras reuniones de la mesa de negociación instalada en Cuba. «Quizás, quizás, quizás», dijo entonces al ser preguntado si las FARC estaban dispuestas a pedir perdón a las víctimas. Hace diez días se arrepintió públicamente de aquel exabrupto. «Quiero pedir más que unas excusas, deseo pedir una vez más y de manera inequívoca perdón, perdón por el daño que hubiese causado por aquel comentario que hice», afirmó en el Congreso ante un grupo de víctimas.
Santrich llevaba más de un año en la cárcel de máxima seguridad de La Picota en Bogotá a la espera de una decisión de la justicia. A mediados de mayo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de juzgar los crímenes del conflicto armado, dispuso su liberación y aplicó una garantía de no extradición, como contemplan los acuerdos de paz. Esa decisión aceleró la dimisión del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien se negó a aceptarla. Horas después, renunció también la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, alegando motivos personales. A esa tormenta institucional se añadió su rocambolesca salida de prisión. Cuando se disponía a pisar la calle, fue detenido de nuevo bajo cargos presentados por la justicia ordinaria. Finalmente, fue la Corte Suprema la instancia que permitió a Santrich afrontar esos cargos como congresista. En una entrevista concedida al programa Semana en Vivo hace tres semanas, el exguerrillero sugirió que estaría dispuesto a suicidarse si su caso judicial se tuerce.
