Esta ley es el resultado de un trabajo articulado entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional por la protección de los recursos naturales.
Hasta 12 años de prisión es la pena que podría pagar quien trafique especies silvestres colombianas o afecte el patrimonio natural del país, gracias a la Ley de Delitos Ambientales que creó seis nuevos delitos y fortalece los ya existentes en el Código Penal, norma que fue sancionada por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, en Leticia.
Los nuevos delitos tipificados son la deforestación, su promoción y financiación, el tráfico de fauna, la financiación de la invasión de áreas de especial importancia ecológica, la financiación y apropiación ilegal de baldíos de la nación; también, los daños en los recursos naturales y el ecocidio, la caza y pesca ilegal, el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y la contaminación ambiental se fortalecieron en materia de sanciones con esta ley.
Carlos Eduardo Correa, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, aseguró que “nuestra prioridad es el cuidado y la conservación de los bosques colombianos y, por ende, de la fauna que allí se encuentra. Por eso, quien cometa delitos como el tráfico ilegal de especies, le caerá todo el peso de la Ley de Delitos Ambientales. Lo que no se conoce no se cuida, por eso también estamos fortaleciendo la educación a través de nuestra Escuela Nacional de Formación Ambiental Savia”.
La norma también le da herramientas a la Fiscalía General de la Nación para judicializar a los responsables de degradar los ecosistemas del país, y quien cometa este tipo de delitos no podrá constituir personerías jurídicas ni abrir locales de servicio público. “Tenemos una legislación robusta que nos ayuda a enfrentar a quienes insisten en degradar la fauna y flora del país”, puntualizó el jefe de la cartera ambiental.
La Ley de Delitos Ambientales hace parte de la estrategia que adelanta el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en pro de la protección, conservación y restauración de los ecosistemas colombianos. Cuenta con seis ejes:
Legislación: además de esta ley, Colombia tiene el Conpes de Deforestación y el decreto 690 que regula el manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables.
Control de la ilegalidad: se están implementando controles móviles, control de nuevas vías y, gracias a la campaña Artemisa, de la mano de la Fuerza Pública se ha logrado la recuperación y control de 27.046 hectáreas de bosque.
Inversión social, como los Pagos por Servicios Ambientales, con los que ya se están protegiendo 260.110 hectáreas de ecosistemas naturales; los Contratos de Conservación Natural, los 4000 negocios verdes y el fortalecimiento de la educación ambiental a través de Savia.
Lucha contra el cambio climático: aportar a la meta de disminución del 51 % de los Gases de Efecto Invernadero para el 2030.
Meta de sembrar 180 millones de árboles al 2022: de la mano de las comunidades, las autoridades ambientales y el sector público y privado, se han sembrado 122.637.427 árboles en todo Colombia.
Monitoreo de incendios: el Minambiente avanza en este sentido en un trabajo conjunto con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), vigilando permanentemente las posibles quemas que afectan los ecosistemas naturales.
