Los predios afectados con medidas cautelares están ubicados en Boyacá, Santander y Bogotá y su valor supera los 8.630 millones de pesos.
Una fiscal adscrita a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 22 predios rurales, 13 urbanos, 1 sociedad y 12 establecimientos de comercio.
El trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), apoyados por el Ejército Nacional, permitieron ocupar los activos ubicados en los municipios de Villapinzón, Chocontá, Sogamoso (Boyacá), Bucaramanga (Santander) y en Bogotá. El valor supera los 8.630 millones de pesos.
Estos activos serán entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Labores de policía judicial evidenciaron que los activos afectados pertenecen a 32 personas que, de manera independiente, se dedicaban al procesamiento de pieles para elaborar distintos productos que luego serían comercializados.
La investigación determinó que los dueños de los predios, quienes ya fueron judicializados, no cumplieron las normas ambientales generando vertimientos de químicos que contaminaron el río Bogotá.
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