Lucho Herrera (Foto Colprensa)
La Fiscalía General de la Nación informó que los días 5 y 6 de junio se realizarán las diligencias de versión libre de los hermanos Luis Alberto y Rafael Herrera Herrera, dentro de un proceso por el presunto delito de desaparición forzada. La citación fue emitida por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, en el marco de una indagación bajo la Ley 600 de 2000.
Los hechos investigados están relacionados con el accionar de las Autodefensas Campesinas de Casanare en el municipio de Silvania, Cundinamarca. El proceso fue ordenado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Fusagasugá, tras declaraciones entregadas por dos exintegrantes de ese grupo armado.
Según el expediente, los exparamilitares Luis Fernando Gómez Flórez, alias “Ojitos”, y Óscar Andrés Huertas Sarmiento, alias “Menudencias”, señalaron a Luis Alberto Herrera como presunto instigador del secuestro y asesinato de cuatro personas en 2002. Aseguraron que el exdeportista habría entregado fotografías de las víctimas y una suma de 40 millones de pesos al jefe paramilitar Héctor Germán Buitrago, alias “Martín Llanos”.
Herrera, conocido como excampeón de la Vuelta a España, manifestó en un comunicado que nunca ha pertenecido a grupos armados ni ha tenido intención de causar daño, y aseguró que está a disposición de la justicia para dar las explicaciones que correspondan.
Análisis
La citación a versión libre a los hermanos Luis Alberto y Rafael Herrera se enmarca en un proceso judicial iniciado por orden de un juez penal del circuito, y responde a señalamientos hechos por dos exintegrantes de grupos paramilitares ante instancias judiciales. El caso está vinculado a hechos ocurridos en el año 2002, durante el periodo de presencia activa de las Autodefensas Campesinas de Casanare en zonas del departamento de Cundinamarca.
El proceso se desarrolla bajo la Ley 600 de 2000, lo cual implica que las etapas de indagación y recolección de versiones se surten antes de una eventual imputación. En este contexto, las diligencias programadas permiten a la Fiscalía contrastar las declaraciones entregadas por los testigos con las versiones de las personas señaladas, y establecer si existen elementos jurídicos suficientes para avanzar hacia una formulación de cargos o archivar el expediente.
El caso incluye elementos relacionados con presuntas violaciones a los derechos humanos en un contexto de conflicto armado, lo que implica que puede tener seguimiento ante instancias especializadas dentro del sistema de justicia ordinaria y transicional.
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