La joven llegó acompañada de su abogado Jorge Andrés Sossa y escuchó la formalización de los cargos en su contra por perturbación en transporte público, instigación a delinquir con fines de terrorismo y daño en bien ajeno, indicó la Fiscalía.
Barrera Rojas se allanó a los cargos tras conocer los argumentos del fiscal delegado y el próximo 13 de marzo, en una nueva audiencia, la juez decidirá si avala el allanamiento de la joven y profiere una condena contra ella que podría ser de siete u ocho años de prisión.
El jurista añadió que ese día la juez determinará si le otorga prisión domiciliaria, la mantiene fuera de la cárcel o dicta una orden de captura inmediata.
Por eso, como no se descarta la medida de aseguramiento, Sossa dijo que encaminará sus esfuerzos a lograr una “medida extramural” porque “ella transgredió la línea del juego y de lo penal, pero este hecho la tiene emocionalmente muy afectada”.
Además, en un comienzo se dijo que los actos vandálicos de la joven contra una estación de Transmilenio el pasado 22 de noviembre de 2019 habían dejado daños por alrededor de 1.200 millones de pesos, el abogado precisó que Recaudo Bogotá y Transmilenio cuantificaron el monto real de 546 millones de pesos.
En ese sentido, a la salida de la audiencia, Sossa dijo que su defendida no tiene cómo pagar esa suma porque ha acudido a los estrados judiciales para interponer recursos que le permitan a Barrera Rojas administrar sus redes sociales pero sus peticiones han sido negadas, detalló el noticiero.
Cabe recordar que esa fue una de las primeras sanciones que se le impuso a la joven cuando comenzó su proceso a finales del año pasado, orden judicial que incumplió.
El abogado dejó ver que esa sería la mayor posibilidad de sustento de la joven y que no cuenta con recursos económicos para responder por esa multa: “Daneidy, en medio de sus cosas, es una persona humilde. Si ella tuviera dinero viviría en el norte de Bogotá, pero no, ella vive en el sur”.
