La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de seis años y cinco meses de prisión contra el exgobernador de Casanare, Whitman Herney Porras Pérez, por su implicación en serias irregularidades en la contratación pública durante su administración.
La condena se debe a la firma indebida de contratos sin licitación, lo que violó los principios fundamentales de la contratación estatal. Porras firmó de manera directa dos contratos de más de 36.000 millones de pesos con la Universidad de Pamplona, destinados a mejorar la infraestructura educativa en el departamento, pero sin cumplir con los procedimientos legales establecidos para contratos de esa magnitud.
A pesar de que la defensa intentó reducir la pena argumentando la falta de antecedentes penales y el allanamiento a cargos, la Corte consideró que la gravedad de los hechos cometidos justificaba la pena impuesta. El tribunal subrayó que las acciones de Porras representaron una grave afrenta a los principios de moralidad y legalidad en la función pública, afectando negativamente los recursos destinados a la educación en Casanare.
Un daño al erario público y a la confianza ciudadana
Además de las irregularidades con los contratos, el exgobernador Porras también estuvo involucrado en el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica 220 de 2005 con la Organización del Convenio Andrés Bello, cuyo manejo fraudulento contribuyó al desvío de recursos públicos. El caso incluyó la firma de cartas de acuerdo que se utilizaron para evadir los requisitos legales establecidos para la contratación, favoreciendo a terceros sin justificación válida.
Helí Cala López también condenado por desfalco
En el mismo proceso judicial, también fue condenado Helí Cala López, quien en ese entonces ejercía como gobernador encargado de Casanare. Cala López fue sentenciado a 187 meses de prisión (más de 15 años) por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales continuado y peculado por apropiación agravado.
Según la investigación, Cala se apropió indebidamente de más de 615 millones de pesos provenientes del erario público, a través de la ejecución fraudulenta de las cartas de acuerdo firmadas en el marco del Convenio Andrés Bello. La Corte resaltó la gravedad de las faltas cometidas por ambos exmandatarios, ya que afectaron directamente los recursos destinados a la educación y al fortalecimiento institucional en el departamento.
