Esa pena queda contemplada en el artículo 365 del código estipula que toda persona que “sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones” podría enfrentarse al proceso penal.Es por ello que las personas que tengan estas armas tendrán un tiempo estipulado para que puedan legalizarlas ante las autoridades. El decreto estipula que todo ciudadano que use o porte un arma traumática debe tramitar un permiso, por lo que tendrá que entregarla a la autoridad militar para su marcación. Para este proceso se estableció un plazo máximo de ocho meses, una vez publicada la iniciativa.
La entrega se hará por medio del Departamento Control Comercio de Armas, municiones y explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares, cuyos puntos serán informados en los próximos días.
Para el marcaje de armas se debe contemplar las características del dispositivo, los datos del titular y el marcaje se hará de manera alfanumérica.
Con respecto al permiso de porte, la persona deberá pasar un proceso de evaluación y análisis, que aún no ha sido revelado. También se debe evidenciar la entrega del arma para el proceso de marcaje y presentar la factura de compra o declaración de importación.
Una vez se tenga la cita para el marcaje, el interesado también deberá presentarse al punto establecido para el enrolamiento y obtención de las huellas dactilares y la fotografía que será cargado al sistema de información de la autoridad militar.
Todo el proceso tiene un valor asociado a la expedición del permiso que está estipulado por la autoridad militar.
Entre tanto, los comerciantes que tengan en sus inventarios armas traumáticas tendrán un plazo de un año y cuatro meses para comercializarlas; no obstante, deberán llevar un registro detallado de la persona que las adquiere.
Según el Mindefensa, de las 6.569 armas traumáticas incautadas este año, 125 estuvieron relacionadas con el delito de hurto, 42 al delito de porte de estupefacientes, 42 armas a lesiones personales y ocho tuvieron relación con homicidios.
Para el analista de seguridad, César Restrepo Flórez, la medida es “útil y necesaria”, pero no resuelve de fondo la situación de la criminalidad en el país. “Estas armas son un riesgo, pero el problema mayor radica en poder controlar las armas ilegales”.
El experto asegura que el Estado debe adquirir tecnología para aumentar el control técnico de las armas y poderlas asociar a procesos judiciales, además de “revisar” cómo entran las armas al país para poder bloquear esas rutas”.
Entre tanto, Iván Díaz, experto en seguridad, sostiene que el decreto genera “muchas preocupaciones” entre las que se destacan la similitud que hay con los mecanismos de regulación con las armas tradicionales, pues este sistema, en resumen, ha favorecido la criminalidad, ya que los requisitos terminan siendo muy restrictivos.
“Hay ausencia de análisis técnico y por el contrario lo que se hace es satanizar el uso de armas que, por definición, son menos letales. Esto genera un efecto negativo, porque terminarían siendo las armas letales las que más se usen en defensa personal”, agrega Díaz.
Por su parte, Marco Forero, experto en seguridad ciudadana, expone que esta decisión del Gobierno “contribuye” a mejorar la situación de seguridad, pero indica que hay dos labores que se deben ejercer desde este momento: control en los establecimientos y afinar las labores de las autoridades para que cuando haya una incautación este pueda tener algún resultado en los estrados judiciales.
“Este decreto resguarda a una víctima que no está en capacidad de determinar la clase de arma con la que se amenaza. Esta decisión va en línea con las peticiones reiteradas que hemos hecho las personas que estudiamos la seguridad”, destaca Forero.
Andrés Nieto, subsecretario de Seguridad de Bogotá, indicó que el decreto era “fundamental” para la Policía y la Fiscalía al momento de poder llevar a cabo un proceso de judicialización.
“Con esta regulación se regula la obtención de estas armas que eran de fácil compra para los delincuentes, pues eran de venta libre y más económicas en el mercado”, puntualizó Nieto.
El decreto, que entrará en vigencia a partir de la próxima semana, permitirá saber en manos de quién se encuentran las más de 500 mil armas traumáticas que circulan en las calles del país.
Fuente, El Heraldo
Leave a comment