La promesa de campaña del presidente Gustavo Petro de sacudir el sistema de salud, por fin, parece tener un norte. Y muy polémico. Resulta que –si bien aún es tan solo un anuncio– ya se sabe que quiere acabar con las EPS, o al menos como funcionan actualmente. Para esto, la ministra del ramo, Carolina Corcho, aseguró que quieren cambiar su razón de ser y, de paso, unificar todos los regímenes.
En cuanto a lo primero, Corcho aseguró que las entidades prestadoras de salud, como se conocen, pasarían a ser redes de prestación de servicios de salud, para así dejar de ser intermediarias de financiación. En palabras de la Ministra: “Es para dejar de ser juez y parte con la integración vertical, pues las EPS tienen sus propias IPS y se contratan a sí mismas”.
En cuanto a lo segundo, el camino que anunció el Gobierno es el de unificar los regímenes (el contributivo, en el que están los cotizantes, y el subsidiado, que aglomera a las personas clasificadas en los niveles I y II del Sisbén) para convertirlo en uno solidario y así terminar “la perversión de la autorización de servicios, en las clínicas y hospitales se constituirán junta de autorregulación médica que será absolutamente estricta”.
Estas dos ideas, que se complementan en la intención del Gobierno de Petro de “terminar la competencia y que prime el derecho fundamental a la salud”, estarán presentes en la reforma que presentarán al Congreso en febrero próximo y, aunque el debate a girado en torno a anuncios, expertos consultados por EL COLOMBIANO ya tienen serios reparos.
El médico y profesor universitario Camilo Prieto Valderrama advirtió que ha faltado información completa sobre los planes del Ministerio. Aun así, comenta sobre la propuesta de unificar regímenes que “tienen en común el Plan Obligatorio en Salud (POS) y los diferencia el déficit”, pues “los más bajos indicadores en servicio los tiene el régimen subsidiado, por lo que hay que corregir esa asimetría”.
Por su parte, el presidente del Colegio Médico de Antioquia, Carlos Valdivieso, anotó que, si se van a unificar, se debe garantizar una sostenibilidad del sistema de salud que “permita garantizar a los trabajadores y a las personas que no puedan aportar económicamente tengan un buen servicio. La sostenibilidad debe ser considerada en este tipo de medidas”.
Y es que el debate ha estado lleno de lugares comunes y peleas políticas. De hecho, hasta el presidente Petro ha manifestado que “es uno de los peores del planeta”, pero –casi al tiempo– la revista The Economist lo ubicó entre los 10 más inclusivos del mundo por la prioridad y el derecho de la salud, el monitoreo de inequidades, impuestos y grupos vulnerables. Además de esto, las EPS cuentan con buena aceptación entre sus afiliados. No en vano una encuesta Invamer de septiembre pasado señaló que el 52 % de los consultados está satisfecho con el servicio y el 14 % muy satisfecho. Lo anterior, sumado a que, luego de la entrada de las EPS en el sistema de salud, Colombia pasó de una cobertura del 23 % al 95 % en 23 años de entrada en vigencia de la Ley 100. En esa línea, Prieto afirmó que hacerlo “puede poner en riesgo la estabilidad del sistema de salud”, por eso “hay que exigirles que cumplan sus funciones y uno de los puntos clave es el régimen subsidiado”.
“Las modificaciones deberían ser para convertirlas en gestoras del sector salud para hacer buen uso de las capacidades que tienen en relación con la auditoría de cuentas y contratación”, añadió Valdivieso.
Sin ir más lejos, el modelo de salud tiene en su haber lunares, como las 16 EPS en proceso de liquidación de la Superintendencia de Salud, y luces, como la cobertura; no obstante, el riesgo de aventurarse en eliminar o cambiar el papel de las EPS puede salirle caro a la salud pública y sea mejor poner en práctica las apreciaciones de Camilo Prieto y Carlos Valdivieso en el sentido de que una reforma a la salud “gire en torno a la promoción, prevención y atención de las enfermedades”, y a “poner en cintura fiscal a las EPS, dignificar la contratación, proteger la red pública y perseguir la corrupción”. No en acabar con un sistema que está demostrado sí funciona.
Fuente: El Colombiano
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