Bogotá, 27 de noviembre de 2025 – La Procuraduría General de la Nación ordenó hoy la suspensión provisional por tres meses del General Juan Miguel Huertas, Comandante de Personal del Ejército, y de Wilmar Mejía, Director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La decisión se toma en medio de un escándalo que expone la presunta colaboración de altos mandos con grupos armados ilegales.
I. Antecedentes: Los archivos de «Calarcá»
El proceso disciplinario abierto por la Procuraduría tiene su origen en una revelación periodística basada en los llamados «Archivos de alias Calarcá».
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El origen: Estos documentos, presuntamente extraídos de comunicaciones de alias Calarcá (un comandante de las disidencias de las Farc), sugieren una relación de colaboración, e incluso de suministro de información de inteligencia, entre los altos funcionarios suspendidos y la estructura armada ilegal.
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La acusación central: La investigación busca establecer si el General Huertas y el Director Mejía habrían facilitado información clasificada o coordinado acciones con el grupo subversivo, comprometiendo gravemente la seguridad nacional.
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El impacto en el DNI: La suspensión del Director de Inteligencia Nacional es particularmente sensible, pues su cargo es clave en la coordinación de todas las agencias de inteligencia del Estado colombiano.
II. Fundamento de la suspensión provisional
La Procuraduría General justificó la suspensión no como una condena, sino como una medida cautelar urgente:
«Se hace necesario asegurar la transparencia y la correcta continuidad de la investigación. Dada la alta jerarquía de los funcionarios y su acceso a información sensible, su permanencia en el cargo podría influir o entorpecer la obtención de pruebas y la declaración de testigos,» señaló un vocero del Ministerio Público.
III. Análisis y repercusiones políticas y de seguridad
La suspensión de dos figuras clave en el Ejército y en la DNI genera varias lecturas y profundiza la crisis en las instituciones de seguridad:
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Crisis de confianza: El caso Huertas-Mejía representa un golpe directo a la credibilidad del aparato de seguridad estatal. Revela la fragilidad de los círculos de inteligencia y la persistente amenaza de la infiltración.
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Impacto en la política de seguridad: El escándalo llega en un momento de debate sobre la política de «Paz Total» del Gobierno. La presunta colaboración interna con grupos disidentes puede socavar los esfuerzos de diálogo y dificultar la coordinación operacional de las fuerzas militares contra el crimen organizado.
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Presión Judicial: El Ministerio Público envía una señal clara de que no tolerará la impunidad en casos que involucren a funcionarios con acceso a poder de inteligencia, obligando a la Fiscalía y a los tribunales militares a actuar con celeridad y rigurosidad. La suspensión es el paso inicial para que el proceso disciplinario pueda avanzar sin sombra de manipulación.
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Desafío para el gobierno: La administración actual enfrenta el desafío de nombrar reemplazos temporales que recuperen la confianza pública y garanticen que las estructuras de inteligencia sigan operando sin interrupción mientras se esclarecen las acusaciones.
El país espera ahora el avance de la investigación disciplinaria y las decisiones que adopte la Justicia Penal Militar y la Fiscalía sobre este caso.
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