El Consejo de Estado respaldó las sanciones impuestas por la Procuraduría General de la Nación a varios funcionarios públicos de elección popular. Esta decisión se tomó tras admitir una acción de tutela presentada por el Ministerio Público contra 11 sentencias de la Sección Segunda del mismo Consejo, que habían anulado dichas sanciones.
El magistrado Martín Bermúdez Muñoz, encargado de la tutela, suspendió temporalmente los efectos de las sentencias de la Sección Segunda. Argumentó que estos fallos contravienen la Constitución y los precedentes de la Corte Constitucional. La medida vuelve a centrar el debate sobre la competencia de la Procuraduría para sancionar a servidores públicos electos en un contexto jurídico complejo.
Las sanciones anuladas afectan a exfuncionarios, incluidos alcaldes y concejales, que habían sido sancionados por la Procuraduría con base en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2020, que limitaba la capacidad de la Procuraduría para imponer sanciones. La CIDH estableció restricciones que han generado controversia sobre su aplicabilidad en Colombia.
El magistrado Bermúdez también plantea dudas sobre el cumplimiento de la sentencia de la CIDH, que algunos expertos consideran no vinculante para el bloque de constitucionalidad colombiano.
Los 11 funcionarios afectados por las sanciones son:
- Germán Orozco Barrera (exconcejal de Yopal, Casanare): Destituido e inhabilitado por 18 años por amenazas a otros concejales.
- Oromairo Avella Ballesteros (exconcejal de Yopal, Casanare): Destituido e inhabilitado por 18 años por negociaciones indebidas.
- José Reinaldo Pérez Piragauta (exconcejal de Yopal, Casanare): Destituido e inhabilitado por 18 años por corrupción.
- Juan Carlos Giraldo Romero (exalcalde de Calarcá, Quindío): Destituido e inhabilitado por 12 años por irregularidades en contratación.
- Juan David Benjumea (exalcalde de Hispania, Antioquia): Destituido e inhabilitado por 10 años por infracciones en compra de terrenos.
- Carlos Arturo Triana Vega (exalcalde de Tibasosa, Boyacá): Destituido e inhabilitado por 10 años por irregularidades en alquiler de maquinaria.
- Robin Basilio Castro Fallace (exconcejal de Soledad, Atlántico): Destituido e inhabilitado por 10 años por aprobar proyecto no autorizado.
- Jorge Luciano Bolívar Torres (exconcejal de Ibagué, Tolima): Suspendido por 9 meses por modificar reglas de concurso.
- Juan Carlos Orozco Llerena (exconcejal de Soledad, Atlántico): Destituido e inhabilitado por 10 años por aprobar proyecto no autorizado.
- Víctor de Jesús Daza Rodríguez (exconcejal de Cúcuta, Norte de Santander): Destituido e inhabilitado por 10 años por asumir cargo estando inhabilitado.
- José Eriberto Muñoz Ruíz (exalcalde de Puerto Santander, Norte de Santander): Destituido e inhabilitado por 10 años por compra de motocicletas sin requisitos legales.
La revisión de estas sentencias y el papel de la Procuraduría en la disciplina de funcionarios públicos sigue siendo un tema clave en el debate judicial y constitucional en Colombia. Este caso podría establecer precedentes importantes sobre la autoridad disciplinaria en el país.
